El fraude del IVA en el sector de hidrocarburos
El 25% del sector hidrocarburos está implicado en el fraude del IVA que alcanzó ya los 3.000 millones en 2023
La "solución a la italiana" propuesta por varios grupos parlamentarios no se aprueba por la parálisis legislativa que hay en el Congreso de los Diputados.
31 julio, 2024 02:15No hay quien pare a los defraudadores del IVA en el sector de los hidrocarburos. Según las últimas estimaciones realizadas por la UPI (Unión de Petroleros Independientes), en 2023 alcanzaría un agujero de unos 2.000 millones de euros sin recaudar y alrededor de otros 1.000 millones más de obligaciones medioambientales.
Esa cifra, que sumando asciende a más de 3.000 millones de euros, procede de empresas que suponen hasta un 25% del mercado, según fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia. "Desde luego que se sabe quiénes son, siempre son los mismos", señalan. Y todo indica a que este año este tipo de prácticas continúan.
Según ha publicado el Grupo Moure, dueño de las gasolineras low cost Autonetoil y los centros de lavado Elefante Azul, "la competencia desleal en el sector energético continúa pese a la entrada en vigor de la ley contra el fraude de los hidrocarburos".
El 28 de marzo pasado, una normativa prohibió las ventas entre distribuidores al por menor en el sector de los hidrocarburos. Una moratoria aprobada en el Real decreto-Ley 8/2023 de finales de diciembre y que provocó esos tres meses una auténtica locura por aprovechar y sacar el máximo partido.
Manel Montero, director general del Grupo Moure, advierte que "vemos preocupante el fraude fiscal que se desarrolla desde algunos operadores petrolíferos, aprovechándose del sistema fiscal actual mediante sus operaciones mayoristas de ventas".
Incluso el consejero delegado de Cepsa, la segunda petrolera española, Maarten Wetselaar, denunció el impacto negativo del fraude en la venta de combustible.
"Nos complace informar de unos sólidos resultados en todas nuestras actividades, aunque la comercialización de combustibles en España se vio afectada debido a los elevados niveles de volúmenes fraudulentos vendidos en el mercado", dijo durante la presentación de sus resultados anuales. Las ventas de su canal comercial se han reducido un 1%, hasta los 8,3 millones de toneladas.
"Solución italiana"
La trama es sencilla. El agujero legal permite que se compre combustible al por mayor y después se venda a las estaciones de servicio. Hasta ahí todo bien. El problema es que se debe realizar el pago del IVA de la venta y eso se queda sin hacer.
"Para cuando la entidad certificadora ha visto si se han cumplido las obligaciones, estos han cerrado el chiringuito y al cabo de un tiempo abren otro", explicaban días atrás desde el sector a este diario.
Pero para solucionarlo AEVECAR (Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio Comunidad de Madrid), AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio) y UPI apoyan la propuesta de algunos grupos parlamentarios que se conoce como "la solución italiana".
Desde que se puso en marcha en 2019 en el país alpino, ha tenido un efecto muy positivo para erradicar las mismas prácticas fraudulentas que se están cometiendo en España. "Pero está parada en el Congreso de los Diputados, porque allí hay una parálisis legislativa por la situación política", señalan fuentes del sector de los hidrocarburos.
Respaldan una modificación de la Ley del IVA para combatir el fraude. Es decir, que antes de sacar el carburante del depósito fiscal haya que garantizar el pago del IVA, justo todo lo contrario a lo que se hace hasta ahora.
Además, creen necesario que se establezcan medidas eficaces para garantizar el pago del IVA, como la presentación de un aval o la demostración de que se trata de un operador confiable, antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante.
Por eso, han pedido a la Administración que intensifique las labores de prevención, control y seguimiento de estas prácticas fraudulentas, así como que implemente nuevas medidas más contundentes y eficaces y agilice la capacidad de actuación contra aquellos que cometen el fraude.
"Si a las obligaciones que tienen el resto de operadores petrolíferos le añadimos la posibilidad que tienen de aplazar el IVA trimestral, da como resultado que los autores de estas prácticas obtienen unos márgenes superiores al resto para ofrecer precios más bajos", puntualizan desde el Grupo Moure. En este sentido, se desestabilizan las cuentas de resultados de numerosas pymes que no compran a este tipo de operadores.
Y los biocombustibles
Otro de los problemas de este tipo de mafias es que tampoco cumplen con la obligación de porcentaje de biocombustibles que se debe añadir al convencional.
La venta de biocarburantes se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio.
AOP denuncia que conforme han aumentado las obligaciones de venta de biocarburantes han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener.
Este fraude implica, en primer lugar, un perjuicio para el medioambiente al retrasar el cumplimiento efectivo de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito de la movilidad. Además, esta práctica supone una alteración del buen funcionamiento del mercado, que perjudica la competitividad de los operadores que cumplen la normativa, frente a los que defraudan.
