Una ola de nuevas leyes autonómicas amenaza el despliegue solar: Asturias, País Vasco, Aragón, Canarias...

Si estos movimientos antisolares continúan, "pagaremos una factura doble, en sentido figurado lo pagará el planeta y en sentido literal lo pagaremos todos cuando el precio de la electricidad siga subiendo mes a mes", aseguran desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) a EL ESPAÑOL-Invertia.

Para la asociación, es fundamental que "el ansia recaudadora no frene la transición energética", pues España necesita "un marco regulatorio estable y favorable que fomente la inversión en energía solar y nos permita alcanzar nuestros objetivos de descarbonización".

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Uno de los casos más conocidos es el que está ocurriendo en Aragón. Y lo protagoniza la reciente Ley 2/2024, de 23 de mayo, por la que se crean los Impuestos Medioambientales sobre parques eólicos y sobre parques fotovoltaicos en la comunidad autónoma y se modifica el Impuesto Medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Esta normativa introduce un impuesto sobre parques fotovoltaicos, gravando las instalaciones por hectáreas. "Supone un doble gravamen, ya que cada proyecto ya conlleva de por sí medidas compensatorias. Tiene un efecto meramente recaudatorio que puede impactar negativamente en la competitividad de Aragón para atraer inversiones, en detrimento del medioambiente y de la economía de los ciudadanos", apuntan desde UNEF.

Además, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció a finales de julio la creación de una normativa que será incluida en el Plan Energético de Aragón para restringir la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses.

"La realidad es que la fotovoltaica flotante aporta beneficios tanto para el medioambiente como para la sociedad: entre otras ventajas controla el crecimiento masivo de algas ayudando a mantener el ecosistema del embalse, mantiene el recurso hídrico, genera empleo, estabiliza los precios de la energía y potencia el rendimiento de los paneles", defienden desde la asociación fotovoltaica.

"Además, al ocupar una superficie pequeña de los embalses, es compatible con los diferentes usos de los mismos", añaden.

La Rioja también enfrenta barreras a la energía solar. Con la Ley 1/2024, de 24 de enero, de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje, establece una moratoria en las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica, "afectando directamente a los proyectos fotovoltaicos en trámite" y "generando un efecto paralizante en el sector".

Desde UNEF avisan de que "frenar los proyectos en trámite no solo afecta a las inversiones actuales, sino que envía una señal negativa a futuros inversores, poniendo en riesgo el desarrollo económico de la región". Para la asociación, esto supone perder nuestra ventaja competitiva en la producción de energía solar. 

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Además, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en su discurso en el debate del Estado, anunció un nuevo impuesto a la energía fotovoltaica, que se regulará en el proyecto de Ley de Presupuestos, y entraría en vigor el año próximo.

"Si desde el Gobierno riojano quisieran proteger sus intereses, deberían solicitar un precio de la energía más barato buscando fomentar la ventaja competitiva", aboga el sector fotovoltaico. Además de ser un "freno al desarrollo de las renovables" y "una falta de sensibilidad con la emergencia climática", se "envía el mensaje a los inversores de que en La Rioja no hay seguridad jurídica".

Destaca también el caso de Asturias, donde el Gobierno está en proceso de regular para restringir las distancias mínimas para la instalación de los parques de baterías, suspendiendo las autorizaciones urbanísticas y modificando el decreto 63/2022, de 21 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

Esta regulación representa una "anomalía histórica", aseguran desde UNEF. "Se trata de una sobrerreacción política a bulos, y no se basa en ningún criterio científico o técnico", denuncia el sector.  En ningún otro lugar del mundo existen restricciones como las que Asturias plantea, y desde UNEF piden responsabilidad política "para no quedarnos atrás en la transición energética y no encarecer la factura eléctrica en base a noticias falsas".

País Vasco y Canarias

En País Vasco, la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático incluye una tasa retroactiva a los proyectos renovables. "Con esta tasa y con la retroactividad, el mensaje que se da a los inversores internacionales es que España vuelve a tener una grave inseguridad jurídica", dice UNEF.

"El Sol es un recurso que privilegia a España como el mejor escenario para desarrollar la energía fotovoltaica. No tiene ningún sentido que no hagamos una apuesta responsable por este recurso y frenemos nuestra descarbonización porque nadie quiera invertir aquí", aseguran a este medio desde la patronal.

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En Canarias, UNEF ha presentado nueve alegaciones al Decreto-ley 5/2024 de modificación de la Ley 6/2022 de Cambio Climático de Canarias, en las que, entre otros asuntos, piden eliminar la obligatoriedad de participación social a las empresas que desarrollen proyectos fotovoltaicos en las islas.

Si bien UNEF valora positivamente la participación social, advierte que su obligatoriedad puede convertirse en una barrera para el desarrollo de proyectos. "Esto podría considerarse un atentado a la libertad de empresa y poner en riesgo la transición energética de las Islas y su desarrollo", apuntan.

Ante este escenario, el sector fotovoltaico hace un llamamiento urgente a las autoridades autonómicas para que reconsideren las medidas que puedan suponer trabas al desarrollo de la energía fotovoltaica.