La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará el juicio a partir del próximo jueves contra Sanz por la presunta comisión de sendos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los ejercicios de 2008 y 2009.

Según el escrito de acusación del fiscal, Sanz y su esposa María Luz Durán Muñoz obtuvieron entre los años 2008 y 2009 unos ingresos de 5.968.975,5 euros que de forma "intencionada" no fueron declarados en el IRPF "para obtener un beneficio fiscal ilícito". Ello supuso que Hacienda dejara de ingresar 1.244.823,34 euros.

No ha quedado acreditado que María Luz tuviera capacidad decisoria en la realización de las declaraciones de la renta, pero como sí se benefició de los ingresos por parte de su marido con quien estaba casada en régimen de bienes gananciales, deberá indemnizar a Hacienda conjunta y solidariamente con Sanz con la mitad del dinero defraudado, esto es, 622.411,67 euros.

Sanz, a juicio de la Fiscalía, "ocultó en dichas declaraciones cuantiosas rentas, sujetas y no exentas de IRPF, durante dichos ejercicios". El Ministerio Público describe tres actuaciones.

En la primera le acusa de no haber declarado los rendimientos de trabajo fruto de los ingresos obtenidos por la entidad Nuada S.A., de la que era administrador solidario, y por la cesión "gratuita" de un inmueble de dicha sociedad al acusado y a su esposa que, en realidad, constituía su residencia. Los ingresos obtenidos y no declarados durante 2008 y 2009 ascienden a 465.371,26 euros.

La segunda se refiere a las ganancias de patrimonio no declaradas obtenidas de la transmisión en 2008 de 83 participaciones que tenían Sanz y su esposa de la entidad francesa Paradiso S.R. y de la transmisión en 2009 de una vivienda en Marbella propiedad de María Luz Durán. Los ingresos obtenidos en ambas operaciones y no declarados fueron de más de cinco millones de euros (5.252.604,31).

Mientras que la tercera operación fraudulenta se refiere a unos ingresos no declarados de 251.000 euros, que fueron ingresados en las cuentas bancarias del matrimonio mediante transferencias y cheques bancarios "cuyo origen no se ha justificado ni se ha acreditado por la Agencia Tributarias que respondan a disposiciones monetarias u operaciones mercantiles".