Las medidas para evitar desahucios han beneficiado ya a casi 87.000 familias

En un comunicado remitido hoy, Economía detalla que el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que 50.272 beneficiarios, con datos hasta julio de 2017, hayan reestructurado su deuda hipotecaria en estos cinco años, con 42.575 reestructuraciones viables, 7.324 daciones en pago y 8 quitas.

Asimismo, el Fondo Social de Vivienda (FSV) ha permitido la firma de 9.020 contratos de alquiler, según datos de diciembre de 2016, en tanto que la moratoria hipotecaria había propiciado la suspensión de 27.400 desahucios hasta septiembre de 2017.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado hoy en el Congreso que la "robusta recuperación de la economía española", que lleva tres años creciendo por encima del 3 %, es la principal razón que explica este recorte en las cifras.

De Guindos ha hecho esta consideración en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una petición del diputado del PP Miguel Ángel Paniagua para que valorara el descenso en el número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual.

El Código de Buenas Prácticas se aprobó en marzo de 2012 para ayudar a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos.

Durante los últimos años se ha ampliado el colectivo que puede acogerse a estas medidas y se ha incluido la posibilidad de que los deudores cuya deuda haya sido ejecutada se queden en su vivienda pagando un alquiler asequible, recuerda la nota de Economía.

Se trata de un código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para los bancos que lo suscriben, en la actualidad, la gran mayoría de los que tienen actividad en el sector.

Por otro lado, la suspensión de los lanzamientos hipotecarios supuso en 2013 la paralización inmediata de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.

El Gobierno ha impulsado recientemente la prórroga de esta medida hasta 2020 en el Congreso de los Diputados y ha ampliado los criterios para incluir al máximo número de deudores vulnerables.

El FSV, por su parte, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler de precio reducido.

Estas medidas han ayudado a paliar el problema social de los desahucios desde el inicio de la pasada legislatura, en la fase más aguda de la crisis, según explicó hoy De Guindos en su intervención en el Congreso.

Las ejecuciones hipotecarias han caído un 58 % respecto del primer trimestre de 2014 y las que afectan a vivienda se han reducido un 64 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, las ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas habituales de personas físicas son hoy menos de un tercio de las que se producían hace tres años.