Según la CNMC, las empresas fabricaban y distribuían cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, uso doméstico, edificación de viviendas, obras de empresas energéticas, telefonía, ferroviarias, navales y grandes proyectos internacionales.

Las empresas sancionadas, con sede en Madrid, Barcelona, Valencia y Portugal, amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurarse las ganancias, con el consiguiente encarecimiento de las obras, hasta que una de ellas, General Cable, denunció los hechos ante la CNMC.

Las sanciones impuestas por el organismo regulador de la competencia se elevan a 44,7 millones de euros para las empresas y a 80.000 euros para la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica (Facel).