La legislación europea exige a cada entidad financiera un nivel mínimo armonizado de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) para asumir pérdidas en casos de resolución y que tendrán que cumplir como muy tarde en 2020.

En las recomendaciones publicadas este jueves, la JUR se dirige a aquellos bancos establecidos en la Unión Europea con una presencia significativa en terceros países, incluido el Reino Unido cuando abandone el club europeo, y a las filiales de grupos financieros extranjeros con actividad en la UE y bajo la supervisión de las autoridades europeas.

En el texto, la entidad presidida por la alemana Elke König afirma que estudiará "caso por caso" todas aquellas situaciones en las que los bancos sufren un déficit de capital por el hecho de que bonos que ha emitido bajo legislación británica o de otro tercer país no se pueden calificar como MREL.

"Esto puede implicar la extensión de los periodos transitorios para bancos con déficit de capital como consecuencia de inadmisibilidad de sus bonos emitidos bajo la legislación de Reino Unido para los requisitos MREL", señala el documento.

Además, la JUR recomienda a estas entidades financieras que incluyan cláusulas en los contratos para avisar de que los títulos de deuda emitidos bajo una legislación distinta a la europea pueden ser utilizados para absorber pérdidas o ser convertidos en capital por orden de las autoridades europeas si fuese necesario.

De la misma forma, sugiere que las nuevas emisiones de bonos se basen en la legislación de uno de los veintisiete Estados miembros de la UE, con el objetivo de que puedan computarse como capital elegible en una resolución y para "lograr certidumbre legal con respecto a su capacidad de absorber pérdidas".

Las recomendaciones elaboradas por la entidad encargada de las resoluciones de entidades en la Unión Bancaria se centran en cinco áreas de actuación, además de los colchones de capital y las emisiones de bonos.

Estas son las interconexiones internas en relación al capital y la liquidez, la continuidad de las operaciones, los acuerdos para preservar el acceso a las infraestructuras del mercado financiero, la gobernanza y los sistemas de gestión de información para facilitar el trabajo de la JUR.