Según las estimaciones que habían hecho las principales patronales sectoriales de la inversión y los seguros y otros consultores independientes, con las condiciones salariales y fiscales que operan en España y tomando como ejemplo a Reino Unido -país cuya reciente reforma es el espejo donde se ha mirado el Gobierno de coalición-, el 'megafondo' solo podría haber llegado a gestionar entre 20.000 y 40.000 millones a corto plazo.

Los 300.000 millones a los que aspiraba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eran "utópicos" o, en todo caso, un objetivo únicamente realizable "en muchos años o, incluso, en décadas", como vienen a confirmar los distintos expertos consultados por este periódico.

Y es que el diseño actual del mecanismo deja atrás la idea de poner en marcha un 'megafondo', es decir, una suerte de gran y único fondo de promoción pública al estilo de los fondos soberanos o los grandes planes de empleo internacionales.

La propuesta que Escrivá ha trasladado a la mesa de diálogo social, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, al contrario, pasa por lanzar desde la Administración una plataforma de pequeños fondos de empleo que competirán directamente con los fondos de pensiones privados.

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, en el Observatorio de las Finanzas. Jesús Umbría

A través de este sistema público, los fondos -que se llamarán planes de empleo simplificados- podrán invertir en activos de mayor riesgo (renta variable) cuando los suscriptores sean jóvenes, pero en el caso de empleados cercanos a la edad de jubilación será obligatorio que la estrategia sea más conservadora.

Esta plataforma de fondos, que sería digital y enfocada sobre todo a autónomos y pymes, interconectaría a empresas, trabajadores, gestoras y Administración. Además, para su puesta en marcha y mantenimiento periódico, una parte de los costes serían financiados presumiblemente por los fondos europeos Next Generation EU, mientras que la parte mayoritaria sería trasladada a los inversores finales a través de las comisiones de gestión de los planes colectivos, tal y como relatan las fuentes del sector consultadas.

Tope a las comisiones

En un intento de incentivar a las patronales y las empresas a recurrir a estos planes de empleo simplificados, estarán limitadas las comisiones máximas. De acuerdo con el borrador del texto, las gestoras no podrán cobrar más de un 0,4% por la gestión (frente al 1,25% que se paga actualmente en fondos privados), mientras que los bancos depositarios no podrán sobrepasar el umbral de un 0,1% del valor de las cuentas. Hasta un total del 0,5% al año.

Una iniciativa sobre la que el Gobierno sigue trabajando y que le permite apuntarse una victoria a medias mejor que una derrota en solitario. Y es que, antes que levantar un proyecto de tanto calado para el país (y con tanta repercusión social) sin el respaldo suficiente, el Gobierno ha preferido coger la propuesta alternativa que le había hecho antes del verano Inverco, la patronal de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones, donde está representada la gran banca comercial.

La ha amoldado parcialmente a sus pretensiones y la ha trasladado a los agentes de la mesa de diálogo social. Unespa estaba enterada y apoyaba a su homóloga desde el frente de los seguros, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes financieras.

No en vano, de haber llevado a cabo su idea inicial, el Ejecutivo se habría quedado corto en el importe que tenía previsto gestionar, pues en el mejor de los escenarios habría alcanzado los 40.000 millones, pero en el peor se habría quedado en unos 20.000 millones, como estiman los expertos consultados.

Escenarios muy escasos

Para comprobarlo, puede tomarse como referencia el ejemplo de Reino Unido, donde actualmente prima el sistema de automatic enrolment o, lo que es lo mismo, adscripción obligatoria por defecto, que contempla la posibilidad de salirse del plan voluntariamente a posteriori. En el país británico, la suma de aportaciones empresariales, de los trabajadores y las bonificaciones del Estado a los planes de pensiones de empleo puede llegar hasta el 8% del salario.

Teniendo en cuenta que en España la partida de remuneración de los asalariados ronda los 500.000 millones de euros, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se aplicara el modelo británico tal como está, con sus mismos beneficios fiscales y los mismos porcentajes de aportación (hasta el 8%), el 'megafondo' -ya frustrado- podría haber llegado a gestionar unos 40.000 millones.

Trabajadores en la cadena de montaje de una fábrica. EFE

Eso en el mejor de los escenarios. Porque en el peor, donde habría aportaciones empresariales con un matching de trabajador y Estado en porcentajes más bajos, hasta un 4%, solo se podrían haber levantado 20.000 millones.

Estas son las aproximaciones que las entidades trasladaron al ministerio, que, en cualquiera de los casos, se encuentran a años vista de los 300.000 millones que deslizó el equipo de Escrivá a principios de 2021.

Ante este difícil contexto para sacar adelante la iniciativa, Inverco tomó la palabra y propuso una suerte de plataforma de pensiones de empleo de promoción pública, con el consenso de casi todo el sector inversor y como complemento al 'megafondo'. Finalmente, el ministerio ha desechado la idea de este último.

Más competencia

El sector, por tanto, acoge favorablemente la nueva iniciativa, aunque algunas fuentes se muestran escépticas respecto a su efectividad a la hora de impulsar las aportaciones a los planes de empresa, que es uno de los objetivos del Gobierno.

Es cierto que el límite a las comisiones de gestión en un 0,4% constituye un atractivo hacia el mecanismo, si bien fuentes financieras explican que se trata de umbrales que ya se manejan en el sector y a las que las empresas ya pueden acceder, especialmente en el caso de la gestión de grandes patrimonios. "Ya hay una guerra de precios" en este segmento, apuntan.

Un límite a las comisiones que, además, desincentivará la existencia de promociones como las que son habituales en los planes de pensiones individuales. Precisamente, por estas fechas es habitual que los bancos lancen su tradicional campaña de planes de pensiones, por las que ofrecen bonificaciones de hasta el 5% por el traspaso del plan y cumplir una determinada permanencia.

Estas promociones, con las comisiones ajustadas de los planes públicos, no tendrían lugar en este mecanismo, según fuentes del sector.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las grandes empresas, además, no se verán tentadas a gestionar sus planes de pensiones de empresa a través de este sistema, pues cuentan ya con sus propios planes de empleo, que tienen comisiones "mucho más bajas" y que, además, están controlados por ellas mismas y por los representantes de la plantilla, como recuerdan estas fuentes. El mecanismo propuesto por el Gobierno, sin embargo, contará con una comisión de vigilancia en la que la Seguridad Social tendrá derecho a veto.

De hecho, la posible "censura" que esta Comisión de Seguimiento haga de las políticas de inversión, con el derecho de veto que se ha autoimpuesto, preocupa a algunos expertos, como José Antonio Herce, socio y cofundador de la consultora LoRIS.

"Eso se tiene que caer en la tramitación", confía el experto, a quien también le desconcierta que Hacienda no se haya personado aún en este anteproyecto aclarando el tratamiento fiscal de los nuevos vehículos. A su juicio, debería ser, "como mínimo, igual que en los puramente privados", con los 8.500 euros de aportación máxima que se planea para 2022, ampliables a 10.000 si se incluyen los individuales.

En todo caso, Herce ve como muy positivo el hecho de que, "por primera vez, se mete la tecnología y el sistema de planes se moderniza y acerca a la sociedad". Además, califica de "brillante escondido" el que los autónomos y trabajadores de las microempresas puedan suscribir los nuevos planes simplificados.

Y es que en el sector se asume que las compañías y las patronales necesitan algo más que buenas comisiones para entrar en este tipo de planes, por lo que, según fuentes del sector, el sistema debería ir acompañado de medidas alternativas.

Entre ellas, podrían encontrarse bien incentivos fiscales o bien la obligación para las empresas de realizar aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores, como ya existe en otros países que utilizan el modelo de la mochila austríaca.

Con todo, desde el sector financiero celebran que el diseño actual de este anteproyecto, al abandonar la idea del 'megafondo' de pensiones público, deja un mayor espacio a la competencia, pues la 'tarta' de la gestión de fondos se repartirá entre varias gestoras en lugar de quedar en manos de una sola, como iba a ocurrir con el fondo único.

Refinar el proyecto

Por su parte, desde Finizens, uno de los gestores automatizados de inversiones más importantes, creen que el Anteproyecto de Ley Reguladora de Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública y de Planes de Pensiones de Empleo Simplificados "es una noticia altamente positiva", en referencia a que "el debate acerca de cómo financiar las pensiones mediante un marco de colaboración público-privado se esté reavivando".

La fintech considera "más que bienvenida cualquier iniciativa que vaya en la dirección de ayudar a las personas a asegurarse una jubilación más sólida y tranquila".

Sin embargo, Giorgio Semenzato, consejero delegado y cofundador de Finizens, cree que el actual debate "es un proceso vivo, que necesitará muy probablemente varias rondas de refinamiento de parte de los distintos agentes públicos, económicos y sociales de cara a diseñar un marco de actuación definitivo y sólido para el largo plazo”.