Así se desprende de la Memoria justificativa de la contratación de un servicio para la selección de entidades gestoras y depositarias de fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos. En el documento, se detalla el pliego de condiciones del nuevo sistema promovido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá.

El Gobierno quiere que cinco gestoras administren 15 planes de pensiones de empleo públicos, a razón de tres por cada una de ellas: uno de renta fija, otro de renta fija mixta y un tercero de renta variable. Por tanto, se han convocado cinco lotes en los que tendrán que concurrir una gestora con un banco depositario.

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Se permitirá a los licitadores presentarse a uno, varios o todos los lotes. No obstante, una misma gestora no podrá ser adjudicataria de más de un lote. Si bien los depositarios sí podrán serlo de varios lotes.

Las gestoras para cada lote se comprometen a alcanzar un patrimonio mínimo de 500 millones de euros por el conjunto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos que gestionen al cabo de tres años.

Aunque el contrato será por cinco años, con una periodicidad máxima de tres años, el Ministerio analizará la posibilidad de constituir nuevos fondos mediante la selección de entidades gestoras. Con todo, el organismo aclara que esto no significa que cada trienio las gestoras en vigencia deban ser sustituidas.

Valor del contrato: 24 millones

“De acuerdo a la naturaleza propia de los fondos de pensiones, que han de tener una duración relativamente larga, no tiene lógica”, según el documento de licitación. Pero sí es una medida de presión para que se alcance un patrimonio mínimo y, por tanto, las economías de escala funcionen.

El Ministerio calcula que, en un lustro, las adjudicatarias gestionarán 3.956,10 millones de euros. Para sus proyecciones, la institución utiliza una TAE del 3,11%, coincidente con el promedio de rentabilidad de los planes de pensiones de empleo en la última década, según Inverco.

El valor estimado total del contrato asciende a 24,09 millones de euros: 18,07 millones para las gestoras y 6,02 millones para los bancos depositarios. O, lo que es lo mismo, 4,818 millones de euros por lote. Si bien el presupuesto base de licitación se considera “cero”, ya que “los destinatarios de los servicios serán las empresas u otro tipo de entidades que estén interesadas en adscribir los planes de pensiones en los FPEPP promovidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento”.

Para llegar a ese valor estimado o teórico, se parte de una comisión máxima prevista de gestión del 0,299%, y de una comisión máxima de depósito del 0,099%.

El Gobierno ha afinado -y también suavizado- su planteamiento inicial con respecto al nuevo sistema de pensiones privadas. En un primer momento, deslizó al sector financiero que una decena de grandes gestoras se harían cargo de una veintena de planes públicos de pensiones. Al final, serán cinco para una quincena.

También sostuvo que el requisito mínimo de patrimonio en planes de pensiones que impondría a las entidades interesadas en concursar sería de 1.000 millones de euros para las gestoras y de 10.000 millones para los depositarios. Pero las quejas que trasladaron las pequeñas y medianas entidades por quedarse fuera del posible reparto también han hecho rectificar al equipo de Escrivá.

Umbrales mínimos más bajos

Finalmente, los umbrales mínimos serán 250 millones de euros para las gestoras y 1.000 millones para los bancos depositarios. Lo que abre la puerta a la participación de casi toda la industria de inversión, salvo las boutiques de pequeño tamaño.

El organismo se reserva el derecho de resolver el contrato si no se alcanzan los 500 millones de euros mencionados al cabo de tres años, o si se incumple el compromiso explícito de uso de la plataforma operativa digital común.

Por otra parte, si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación del servicio por algún tipo de incidencia, y si existieran “razones de interés público para no interrumpir la prestación”, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo y, en todo caso, “por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato”. Ahora queda por saber quiénes serán las ‘parejas de baile’ en el concurso más esperado de los últimos años.