Bruselas expedienta a España por el retraso en la Ley General de Telecomunicaciones, que tiene que incorporar al ordenamiento jurídico nacional el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas adoptado en 2018.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este jueves un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Pedro Sánchez por haber incumplido los plazos: la Ley tendría que haberse aprobado como muy tarde el 21 de diciembre de 2020, pero el anteproyecto ni siquiera ha entrado al Parlamento. 

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha enviado una carta de emplazamiento a España, primer paso del expediente, en la que le pide que adopte con carácter urgente y notifique a Bruselas las medidas necesarias para aplicar el Código Europeo de Telecomunicaciones. El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder. En caso de persistir el retraso, la Comisión podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La vicepresidencia económica sometió el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones a consulta pública el pasado otoño, pero todavía no lo ha remitido al Parlamento para su aprobación. Las autoridades españolas han tenido un total de dos años de plazo para completar todos los trámites, pero no han llegado a tiempo.

Desde el Gobierno se explica a Invertia que a crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha tenido un impacto en los procedimientos administrativos, y de hecho son 24 de 27 los Esgtados miembros afectados por el retraso. Y reciuedrdan que en España el proceso está avanzando: "ya se ha realizado la audiencia pública del Anteproyecto de Ley y se trabajando en el Proyecto de Ley para iniciar la tramitación parlamentaria", indican a este diario.

Países afectados

En efecto, España no es el único país afectado por el expediente de Bruselas. Muy al contrario, hasta la fecha, sólo Grecia, Hungría y Finlandia han notificado a la Comisión que han adoptado todas las medidas necesarias para incorporar el Código a su ordenamiento jurídico.

Los otros 23 Estados miembros tampoco han cumplido: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia.

El Código moderniza el marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas, en particular a la hora de mejorar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, garantizando contratos más claros, la calidad del servicio y unos mercados más competitivos. También fija más exigencias de eficiencia y calidad para el número europeo de emergencia 112.

"Orientaciones y asistencia"

Además, permite a los operadores beneficiarse de normas que incentivan las inversiones en redes de muy alta capacidad, así como de una mayor previsibilidad normativa, lo que facilita servicios e infraestructuras digitales más innovadoras, según Bruselas.

El Ejecutivo comunitario considera que se trata de un "acto legislativo fundamental" para acelerar la transición digital en la UE y garantizar "una participación plena de todos los ciudadanos de la UE en la economía y la sociedad digitales".

Bruselas hace valer además que, para ayudar a los Estados miembros, ha supervisado el proceso de transposición y les ha proporcionado "amplias orientaciones y asistencia". Por su parte, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ha elaborado y publicado directrices para facilitar la aplicación de las nuevas normas.