Todas las zonas urbanas y las principales vías de transporte de los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) deberán contar con cobertura 5G ininterrumpida antes de 2025. Un objetivo marcado por la Comisión Europea (CE) que, a medida que se acerca el plazo, es posible que no se cumpla en una parte importante de los Estados miembros.

Así lo constata un reciente informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo, que alerta del "gran retraso" que se está produciendo en la implantación de las redes 5G en prácticamente todos los países del viejo continente, lo que puede poner en peligro la consecución de los objetivos de la UE sobre el acceso a la red y su cobertura.

El informe apunta que es cierto que los Estados miembros (salvo Chipre, Lituania, Malta y Portugal) han cumplido el objetivo intermedio marcado para 2020 de procurar que, al menos, una gran ciudad tuviera acceso a la red 5G, pero muchos de ellos no van bien encaminados para desplegar sus redes de la nueva tecnología acorde a las expectativas.

Aun así, el Tribunal considera que hay 11 Estados miembros en los que, pese al retraso acumulado, existe todavía "una alta probabilidad" de alcanzar las metas acordadas en Bruselas en tiempo y forma. Entre ellos se encuentra España, donde los cuatro principales operadores del país ya ofrecen los servicios 5G a sus clientes. 

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal ha analizado el grado de avance de cada país en la implementación de las medidas necesarias para impulsar el despliegue del 5G y que se engloban en tres grandes componentes: uno estratégico, uno legislativo y una empresarial.

Estrategia y legislación

En el primero de ellos, el informe analiza si las estrategias nacionales de 5G o los planes nacionales de banda ancha reflejen los objetivos marcados desde Bruselas, un aspecto "fundamental" para favorecer la adecuada aplicación de las políticas necesarias para impulsar la nueva generación de la tecnología móvil.

En este sentido, solo 14 de los 27 Estados cumplen actualmente con este requisito. Entre ellos España, que en su Estrategia de impulso al desarrollo de la tecnología 5G presentada en diciembre de 2020 se compromete a tener en 2025 cobertura en el 75% de la población española y en las principales carreteras, ferrocarriles y puntos singulares como aeropuertos.

Donde, por el contrario, España no cumple es en el marco legislativo, ya que es uno de los muchos Estados miembros que todavía no han transpuesto la directiva sobre el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE) de 2018. De hecho, solo tres países (Finlandia, Grecia y Hungría) aseguraron a finales de febrero de 2021 haber adoptado todas las medidas necesarias para dicha transposición. 

España es uno los 23 países para los que Bruselas mantiene aún abierto un procedimiento de infracción por este retraso. La intención del Gobierno es completar esta transposición este 2022, ya que va incluida en la nueva Ley General de Telecomunicaciones aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre y que está previsto complete su trámite parlamentario este mismo año.

Asignación del espectro

El tercer y el último componente, el empresarial, está relacionado con la asignación del espectro identificado como clave para el 5G a los operadores de telecomunicaciones, un proceso que debería haber concluido el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, en esa fecha los Estados miembros habían asignado menos del 40% del total, mientras que a finales de octubre de 2021 el porcentaje había aumentado tan solo hasta el 53%. 

En el caso de España, en 2018 el Gobierno subastó el espectro disponible en la banda de 3,5 GHz, mientras que en julio de 2021 hizo lo propio con la de 700 MHz. Como bien recuerda el informe, esta subasta estaba prevista inicialmente para marzo de 2020, pero la pandemia de la Covid-19 y cambios legislativos sobre la duración de las frecuencias retrasaron más de un año el proceso.

En consecuencia, la única subasta pendiente en España es la relativa a la banda de 26 GHz, sobre la cual el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanzó una consulta pública el pasado mes de diciembre con vistas a poder celebrarla en la segunda mitad de 2022. 

El Tribunal constata que los retrasos en la asignación de la banda de frecuencia de 26 GHz son comunes en la gran mayoría de países, ya que solo cinco de los 27 la han asignado. Esto se debe, según el estudio, a la escasa demanda de estas frecuencias por parte de los operadores, como han reflejado las consultas públicas celebradas en los últimos años en países como España o Finlandia. 

Distintos niveles de probabilidad

España se sitúa por tanto dentro del grupo de países que más probabilidades tiene de cumplir con los objetivos fijados tanto para 2025 como para 2030, cuando todas las zonas pobladas de la Unión Europea deberán contar con conexiones 5G. En este grupo destaca Finlandia, el único Estado que ha adoptado todas las medidas incluidas en los tres componentes, y forman parte de él otras grandes economías como Francia e Italia.

Por el contrario, en otros 16 países (Austria, Chequia, Estonia, Alemania, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal o Eslovenia) la posibilidad de lograr el objetivo de 2025 es "media en el mejor de los casos", mientras que en Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre y Grecia la probabilidad es directamente baja. 

Los estudios realizados hasta la fecha estiman que el coste total del despliegue de la tecnología 5G en el conjunto de los países de la UE hasta 2025 oscila entre 281.000 y 391.000 millones de euros, unas inversiones que son claves para apoyar el crecimiento económico y la competitividad futuros. 

Sin embargo, el retraso en el mismo está haciendo que la UE se encuentre aún lejos de aprovechar los beneficios que brinda la 5G, que podría aportar hasta un billón de euros al producto interior bruto (PIB) europeo entre 2021 y 2025 y crear o transformar hasta 20 millones de puestos de trabajo en todos los sectores de la economía.