Cuando, en 2002, a iniciativa de la UE, cincuenta ciudades decidieron hacer la denominada Semana de la Movilidad en el mes de septiembre, no se podían imaginar que más de veinte años después estas semanas se desarrollarían en más de tres mil ciudades europeas y en numerosos países del resto del mundo.

Los pioneros de esta iniciativa buscaban transmitir a los ciudadanos la necesidad de “respirar un aire más limpio en nuestras ciudades”. A lo largo de estos veinte años, este primer lema ha ido ampliándose a nuevos objetivos ligados a la reducción de emisiones, promoción de una movilidad activa, a pie o en bicicleta, el apoyo al transporte público o un control del aparcamiento en la calle.

España se incorporó un año más tarde, en 2003, pero no por ello ha dejado de ser uno de los principales países en promoverla. En 2022, unos mil municipios organizaron Semanas de la Movilidad incluyendo peatonalizaciones temporales, gratuidad en el transporte público, organizando el “día sin coche” y promoviendo actos y jornadas de divulgación. ¿Ha conllevado todo ello un cambio en las administraciones y en los ciudadanos?

En 2022, unos mil municipios organizaron Semanas de la Movilidad incluyendo peatonalizaciones temporales.

Con excepción de unos pocos ayuntamientos, la preocupación y consiguiente inversión en movilidad sostenible ha sido, hasta hace unos años, escasa. Los recursos de inversión y servicios se han dirigido prioritariamente a la infraestructura tradicional, como la vial, dejando en segundo lugar la inversión en movilidad sostenible.

Esta situación cambió a partir de 2021 con la aprobación de los fondos NextGeneration de la UE. Entre las diferentes áreas que abarcan, el componente 6 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia español se dirige a proyectos de “Movilidad sostenible, segura y conectada” con una dotación de 6.667 millones de euros.

Los municipios se han favorecido hasta hoy de dos convocatorias para proyectos de movilidad sostenible, con una inversión total de unos 1.500 millones de euros.

Esto representa una fuerte inyección de recursos a disposición de las Administraciones Locales para promover proyectos como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que tienen como objetivo reducir las emisiones para mejorar la calidad del aire que se respira, la adquisición de flotas de buses eléctricos o la implantación de bicis compartidas.

¿Movilidad para el futuro?

La movilidad urbana del futuro se dirige hacia una mayor sostenibilidad e integración. El ciudadano tendrá más opciones para elegir cómo realizará sus desplazamientos y esto incidirá fuertemente en los actuales servicios urbanos de movilidad y su configuración futura.

Tradicionalmente, estos servicios se han sectorizado en áreas como la gestión del tráfico, el aparcamiento, el transporte público o la distribución urbana de mercancías. Esta clasificación pertenece ya al pasado y los futuros servicios de movilidad urbana agruparán estas actividades sectoriales para ofertar plataformas integradas de servicios al ciudadano y a la Administración responsable. Pongamos dos ejemplos:

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), cuya implantación es obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes, integran servicios de gestión de tráfico, control de accesos, aparcamiento y el monitoreo de emisiones. La gestión integrada de todos estos servicios es crítica para que estas actuaciones sean eficientes a un coste reducido.

Por otro lado, las denominadas “plataformas de servicio”, principalmente las plataformas dirigidas al usuario (MaaS, por su nombre en inglés) o las plataformas de integración de datos y gestión dirigidas a los Ayuntamientos (SaaS) son herramientas que cambiarán tanto la forma de moverse del ciudadano como la gestión municipal de los modos transporte.

Estos cambios en la organización de los servicios de movilidad conllevarán cambios en las empresas que los realizan: operadores de transporte, concesionarios de aparcamiento, empresas de sharing… Los proveedores de estos servicios deben enfocarse hacia una oferta más diversa e integrada. Y ahí radica el gran reto de la transformación de un sector, que ha disfrutado de estabilidad pero que hoy necesita revisar sus modelos de negocio y adaptarse a los cambios futuros.

*** Pedro Puig-Pey es consejero independiente del Grupo EYSA