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La CNMC investiga al Consejo General de Farmacéuticos y a once colegios provinciales
- El órgano ha abierto un expediente sancionador por supuestas prácticas anticompetitivas de las herramientas Cismed y Farmahelp.
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La CNMC ha abierto un expediente sancionador al Consejo General de Farmacéuticos y a los Colegios Oficiales de Álava, Burgos, Córdoba, Guipúzcoa, León, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, por supuestas prácticas anticompetitivas.
Según explica el órgano en un comunicado, el Consejo General habría realizado una recomendación colectiva (comunicados, circulares, etc.) a través de, al menos, once colegios provinciales para que los farmacéuticos utilicen las aplicaciones digitales Cismed y FarmaHelp.
"El propio Consejo es el impulsor de dichas herramientas digitales, pero existen otros competidores que ofrecen aplicaciones similares (como LudaFarma), cuya implementación y desarrollo se habría visto afectada por la recomendación colectiva", explica la CNMC.
Precisamente la investigación tiene su origen en la denuncia que presentó Luda Partners contra el Consejo General de Farmacéuticos y varios colegios provinciales, por prácticas anticompetitivas en el mercado de herramientas digitales para la logística de las oficinas de farmacia.
Tras conocerse la investigación, el Consejo General de Farmacéuticos ha aclarado que "tanto Cismed como FarmaHelp son herramientas voluntarias, colaborativas, gratuitas y sin ánimo de lucro desarrolladas por la Organización Farmacéutica Colegial para ayudar a paliar los problemas de suministro de medicamentos y ofrecer soluciones a los pacientes".
La organización colegial insiste así "que no ha participado en ninguna conducta que sea contraria a la competencia. Por ello, en el ejercicio de su derecho de defensa, colaborará de forma activa y transparente con la CNMC durante todo este procedimiento con el objetivo de esclarecer los hechos en los que la CNMC basa la incoación del expediente".
La CNMC ha aclarado que "la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación". Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.
