El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra varios artículos de la ley para regular y controlar el precio del alquiler aprobada en septiembre por el Parlamento de Cataluña.

En concreto, los diputados populares presentaron el recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.

A partir de este momento, la demanda volverá al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat, "por conducto de sus presidentes" con el objeto de que, "en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes".

Polémica desde su aprobación

El Parlamento catalán sacó adelante el 9 de noviembre la “Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament”, el proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler con 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y 63 en contra de Cs, el PSC-Units, el PP y los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat.

Antes incluso de su aprobación, el Consejo de Garantías Estatutarias ya dictaminó que algunos artículos de esta norma incumplen la Constitución y el propio Estatut. Además, este mismo órgano aseguró también que la Generalitat no tenía competencias para regular los precios del alquiler porque es una facultad del Estado.

Por si esta advertencia no fuera suficiente, profesionales del sector y representantes de los propietarios de viviendas en alquiler mostraron su total rechazo a la ley. La Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval) insistía en que “vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña”.

Por su parte, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) denunciaba que “la clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda”.