Sin embargo, esta vez no hay que ir a la letra pequeña para ver dónde puede estar la trampa. La letra grande ya lo dice. España ha pactado subir siempre las pensiones con la inflación del año anterior -o como mucho, congelarlas si los precios bajan- y que los que trabajan ahora permanezcan algo más de tiempo en el mercado laboral. Es decir, que se acerque la edad real de retiro a la legal.

Pero se hará premiando con incentivos a quienes decidan trabajar más y retrasando el golpe a la jubilación anticipada hasta el año 2024, con una transición de una década.

Teniendo en cuenta que el déficit de la Seguridad Social marcó un récord en 2020, en el 1,8% del PIB, este último esfuerzo que se va a pedir a los españoles en activo no va a ser suficiente para sostener un modelo que padece un déficit crónico, que lleva a algunos a calificarlo como un sistema "quebrado".

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EP

De hecho, uno de los avances que sí supone este acuerdo es que saca de la caja de la Seguridad Social los llamados ‘gastos impropios’, como las pensiones no contributivas para que se paguen con los Presupuestos.

La urgencia por reformar las pensiones no viene del déficit del sistema, sino de la presión de Bruselas. Este es uno de los acuerdos que la Unión Europea exige a España ya este año a cambio de desembolsar los fondos de Next Generation. Y es evidente que los países frugales no se van a contentar con esta propuesta. 

El argumento que el Ejecutivo ha llevado a Bruselas en su Ageing report de que a partir de 2050, habrá menos pensionistas y será menos costoso pagar las jubilaciones no va a ser suficiente. Como decía en este periódico, el subdirector de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz, un país con un déficit estructural en pensiones como el nuestro durante 30 años no es sostenible.

Mientras España gasta en nóminas el dinero que no tiene, pierde la oportunidad de destinar ese gasto público a otras partidas abandonadas, como es la de la Educación.

La pandemia ha puesto de manifiesto otra complicación: la inmigración no siempre va a acudir en masa en busca de trabajo a España.

Gobierno y agentes sociales lo saben y tienen ahora otros seis meses para acordar medidas más dolorosas.

De momento, con el acuerdo de este lunes, Gobierno y sindicatos pueden presumir de haber derogado la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy al dejar sin efecto el índice de revalorización (IRP) y el Factor de Sostenibilidad.

El primero será sustituido por el IPC siempre que sea positivo porque este acuerdo parte de una premisa: que las pensiones nunca bajarán.

Este acuerdo parte de una premisa: que las pensiones nunca bajarán

El segundo, el Factor de Sostenibilidad, nunca llegó a introducirse porque resultaba impopular incorporar la esperanza de vida en el cálculo de la pensión. También aquella reforma, posterior al rescate de 2012, tuvo en cuenta algunas líneas rojas del electorado.

En los próximos meses, se pondrá sobre la mesa introducir un nuevo mecanismo, el 'factor de equidad', que todavía está siendo diseñado por Escrivá. Pero tendrá que partir de una idea no muy distinta a la que utilizó el PP en su momento porque los números son tozudos.

En todo caso, este primer paso sí cumple con un requisito reclamado con Bruselas: cuenta con consenso de Gobierno y agentes sociales.

Por su parte, la CEOE, puede presentar el acuerdo ente sus bases como un pacto que evita ahora lo que será inevitable en unos meses: que suban las cotizaciones, esto es los impuestos al trabajo.

Mientras, los autónomos retrasarán la subida de cotizaciones que está pendiente de ser aplicada para los que más ganen.

Los españoles gastamos 10.180 millones al mes en pensiones. Es una cantidad que va al alza y que no nos la podríamos permitir sin endeudar a los más jóvenes, que -además- son los que pagarán el grueso de la factura de esta pandemia por la deuda pública nacional y europea que se está emitiendo para combatir la crisis sanitaria y sostener la economía.

Habrá que adoptar medidas impopulares porque no solo hay que garantizar unas pensiones justas para los pensionistas actuales. También los más jóvenes merecen que sea posible sostener algún tipo de contrato intergeneracional. Veremos si esta exigencia de Bruselas es suficiente para cerrar el acuerdo difícil antes de Navidad.