El gasto público de España en pensiones se sitúa alrededor del 11% del PIB frente al 8% en el promedio de la OCDE. Las proyecciones realizadas por los expertos y organismos públicos y privados estiman que sin la introducción de medidas de contención aquél se situará en el 15% del PIB en 2050.

España será el país del mundo desarrollado con una ratio de dependencia, relación entre trabajadores y pensionistas, más altas. Por eso, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI, etc. han urgido al Gobierno a introducir cambios para garantizar la sostenibilidad del sistema.

España será el país del mundo desarrollado con una ratio de dependencia, relación entre trabajadores y pensionistas, más altas

De entrada la indexación al IPC de las pensiones, un programa de gasto estructural con una trayectoria alcista a causa del envejecimiento de la población, elevará cada vez más esos desembolsos.

Así por ejemplo, si la inflación cerrase el ejercicio en 2021 en el 2% el gasto en pensiones crecería en 3.266 millones de euros. Obviamente, este incremento se consolidaría para el año siguiente y así ad infinitum. Ninguna de las medidas pactadas por el Ejecutivo con los interlocutores sociales compensa esto. Sólo cuatro Estados de la UE ligan las pensiones al IPC.

Para mantener la ficción de que se "hacen los deberes", el Gobierno ha optado por una operación de ingeniería contable. Será el presupuesto del Estado el que haga frente a determinadas partidas hoy cubiertas por la Seguridad Social (SS). Esto se traduce en una aportación estatal a las arcas de la SS de 21.000 millones de euros. En el mejor de los casos, el saldo presupuestario será el mismo que el existente en la actualidad; simplemente, el agujero cambia de lugar.  

La penalización a quienes se jubilan anticipadamente de forma voluntaria con la intención de acercar la edad efectiva de retiro a la legal tiene un impacto moderador del gasto irrelevante e incluso negativo.

Por un lado, esas jubilaciones suponen aproximadamente el 14% del total; por otro, los trabajadores que acceden a ellas  acreditan periodos de cotización, en promedio, más altos que en el resto: 42 años trabajados versus 36,7; por último, si la decisión del gobierno funciona e incentiva a retrasar el retiro, ello producirá  un efecto contrario al buscado; esto es, un aumento de la prestación recibida que compensaría, desde una óptica actuarial, los meses de cotización adicionales. Esto se ve reforzado porque su base reguladora es más alta.

El Factor de Sostenibilidad introducido por la reforma de 2013 para adaptar las prestaciones por jubilación a la expectativa de vida de los individuos ha quedado en suspenso en espera de que el Gobierno plantee una fórmula de cálculo alternativa.

Esta habrá de negociarse con la CEOE y las centrales sindicales en los próximos cinco meses y entraría en vigor en 2027, un año en el que probablemente este Gobierno no podrá honrar su propuesta. En cualquier caso, si los sindicatos imponen, como hasta ahora, sus tesis no cabe confiar en que el Factor de Equidad Intergeneracional tenga consecuencia positiva alguna.

El ministro de Seguridad Social, un magnifico profesional, no está teniendo éxito alguno en adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del modelo español de cobertura del retiro.

Esta era la consecuencia previsible de entrar en un Gabinete social comunista, cuyo ideario era, al menos en apariencia, incompatible con la visión económica del Sr. Escrivá. La prolongación de la edad de jubilación, el aumento a 35 de los años cotizados para acceder al 100% de la prestación etc., etc., etc. han pasado a mejor vida. Este Gobierno no tiene intención alguna de realizar una reforma profunda del sistema de pensiones y se limita a dar una patada hacia adelante; esto es a pasar a los que le sucedan la solución al problema.