Para las organizaciones empresariales este acuerdo, aunque parcial, es una demostración de nuestro compromiso con el sistema de pensiones, sin duda un elemento de cohesión social imprescindible y un factor clave para combatir la economía sumergida y sus efectos cuya preservación depende de la confianza y la solidaridad intergeneracional.

Queda por delante un camino difícil, no solo por la envergadura del reto -lograr un sistema de pensiones suficiente, equitativo y sostenible al mismo tiempo-, sino porque es preciso emprenderlo en combinación con la necesaria recuperación económica dado que la única garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones es el empleo.

Los interlocutores sociales, muy encorsetados en algunos de los elementos abordados  en el proceso de negociación por los acuerdos políticos previos alcanzados en la Comisión del Pacto de Toledo -especial mención merece la revalorización de las pensiones con el IPC real-, hemos mantenido el factor de sostenibilidad vigente como parte fundamental del equilibrio del sistema en el medio y el largo plazo, y su sustitución, en su caso, por otro factor que mantenga los mismos efectos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.

Dicho nuevo factor, deberá acordarse en el seno del diálogo social y, a entender de las organizaciones empresariales, deberá sustentarse en la equidad y la solidaridad intergeneracional evitando, en todo caso, que recaiga sólo sobre algunas generaciones la sostenibilidad del sistema, principios todos ellos que han guiado las negociaciones.

El factor que sustituya al de sostenibilidad deberá sustentarse en la equidad y la solidaridad intergeneracional

En la misma línea apunta la separación de fuentes cuya finalidad no es otra que destinar las cotizaciones sociales que pagamos empresas y personas trabajadoras a su verdadera finalidad: las prestaciones contributivas.

Por lo demás, los acuerdos alcanzados persiguen consolidar un mercado laboral sostenible, inclusivo y diverso.

Así, el acuerdo preserva el talento senior contemplando incentivos para retrasar la decisión de jubilarse anticipadamente, articulando a su vez una política activa de apoyo al coste laboral asociado a los procesos de incapacidad temporal de los mayores de 62 años, salvaguardando en todos los casos los procesos de reestructuración y adecuación empresarial a las nuevas realidades económicas.

Como reflejo de nuestro compromiso con una sociedad igualitaria, el acuerdo incorpora en la reforma de la jubilación forzosa un mecanismo que impulsa la participación de las mujeres en sectores de actividad tradicionalmente masculinos.

El acuerdo preserva el talento 'senior' contemplando incentivos para retrasar la decisión de jubilarse anticipadamente

Igualmente hemos realizado una apuesta decidida por la mejora de la protección social de los jóvenes mediante su incorporación en el Sistema de la Seguridad Social desde su primer contacto con la empresa a través de las prácticas formativas y académicas

Desde las organizaciones empresariales entendemos que la fortaleza del sistema de seguridad social y la garantía de su sostenibilidad parten del apoyo decidido e inequívoco al mantenimiento y creación de empleo.

Por tanto, y lejos de caer en la tentación de cargar el peso de la nivelación del sistema de pensiones sobre los hombros de las empresas y las personas trabajadoras, es preciso incorporar entre el acervo de posibles soluciones, iniciativas que faciliten un clima de desarrollo de la actividad empresarial y que amplíen la capacidad de adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores, a través de un marco normativo flexible y de la formación y la recualificación permanente.

Por otro lado, antes de junio de 2022 debe estar aprobada la reforma de las cotizaciones por los ingresos reales de los autónomos. Los más de tres millones de personas que conforman este colectivo, generador de tanta riqueza en España, nos tendrán a su lado para que las medidas que se adopten no sean injustas ni confiscatorias.

El anteproyecto de ley de esta primera fase de la reforma iniciará ahora su tramitación parlamentaria, por lo que es el turno de la política para enriquecer e introducir mejoras en el texto pactado como punto de partida.

Los representantes de las empresas y autónomos españoles seguiremos trabajando como lo venimos haciendo: con responsabilidad y lealtad institucional. Pero, en paralelo, seguiremos siendo exigentes para que las reformas que se lleven a cabo atiendan los problemas reales y, en ningún caso, se debilite a las empresas y autónomos españoles. Solo con un tejido productivo robusto y generador de riqueza y empleo podremos ganar el futuro.

*** Rosa Santos es directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE.