El presidente Sánchez pide al PP que apruebe la reforma laboral (RL21). Para eso debe ceder en algo. Como lo hace cuando negocia con los nacionalistas/independentistas. Casado podría abstenerse o votar sí a la reforma, sí se corrigen algunos puntos de la misma.

El decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral no modifica mucho la del PP de 2012. En algunos casos las mejora. Cómo con el ERTE por "fuerza mayor temporal" y el mecanismo RED de flexibilidad y estabilidad en el empleo. También con la posibilidad de que los contratos "fijos discontinuos" se realicen a través de ETTs. Por tanto, si se corrigen errores técnicos y la excesiva ideologización de algunos artículos el PP podría abstenerse o, incluso, votar a favor.

Algunas de esas correcciones serían:

1. Que los convenios puedan ampliar el máximo de 90 días al año para la utilización de contratos temporales y que esos días puedan ser utilizados de manera continuada. Cada sector o empresa conoce bien sus circunstancias. Sindicatos y empresarios deben ser responsables del nivel de las limitaciones a la contratación temporal. Su aplicación general perjudica gravemente a algunos sectores. Por ejemplo, al sector agrario en lo relativo a los temporeros. Las campañas agrarias pueden durar más o menos, dependen de la naturaleza. Es absurdo que inmigración aconseje contratos de 120 días a los temporeros extranjeros y luego la ley constriña esta cifra a 90 días y discontinuos.

2. Debería eliminarse la obligación de ir a un trámite de mediación si no hay acuerdo en el plazo de un año después de denunciado el convenio, salvo que lo pacten las partes. Que la ultra actividad se aplique sólo a ciertos aspectos del convenio cómo los incrementos de salarios y las garantías de actividad sindical. Incluyendo en esos incrementos salariales los contratados después de que haya sido denunciado el convenio que son los únicos a los que, por jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se les reconocía ese derecho hasta ahora.

3. Esta obligación reduce la autonomía de las partes para negociar. Por eso debería dejarse el artículo 91 del Estatuto de los trabajadores como estaba antes del real decreto ley.

4. Que se reduzca el tope de 30 días como el tiempo para que un trabajo temporal tenga aumento de costes de seguridad social y disminuyan esas recargas.

5. Que se agilicen los trámites para que una empresa en dificultad se descuelgue en materia de salarios del convenio sectorial.

6. ...(algunos que otros expertos laboralistas pueden ayudar a perfilar otros puntos).

Son retoques que perfeccionarían la legislación y que CEOE-Cepyme apoyaría. Los sindicatos no perderían poder, porque en algún caso, como el sector agrario, la realidad se impondrá y, tarde o temprano, habrá que reformar la disposición relativa a los límites en días de los trabajos temporales.

¿Qué ventajas tendría ese acuerdo?

La primera es que siendo una ley PP-PSOE sería estable en el tiempo. La legislación laboral sería un pacto de Gobierno-oposición-sindicatos-empresarios. Eso eliminaría incertidumbres futuras y, en consecuencia, ayudaría al crecimiento y la creación de puestos de trabajo

La segunda ventaja es que no se necesitarían los votos de los independentistas, ni de otros radicales. Se recuperaría el sentido común parlamentario, evitando que una minoría minoritaria imponga sus criterios a todo el parlamento en un tema de importancia nacional.

¿Por qué no hacerlo? Es cuestión de oportunidad política.

El PSOE no quiere ceder nada porque sus coaligado Unidas Podemos lo considera la "gran aportación" de su vicepresidenta Yolanda Díaz al Gobierno. Además, se fracturaría el bloque parlamentario que Sánchez ha creado y le mantiene en el poder. Al PP, con unas elecciones en Castilla y León a la vista, no le interesa que el PSOE gane votos en el mundo rural, importante en esa comunidad. Tampoco que VOX, con las encuestas al alza en esa comunidad, le pueda achacar que, al final, siempre acaba pactando con el PSOE.

Por tanto, la negociación sólo se podría dar si el Decreto ley 32/2021 se tramitara como ley desde mitad de febrero hasta junio. En verano entra otra vez el periodo electoral con las elecciones autonómicas andaluzas (¿noviembre o antes?) y no habrá serenidad para negociar.

Se abre una ventana útil (febrero/junio). Seguro que se desaprovecha. 

*** J. R. Pin es profesor del IESE.