Hace unos años, la American Economic Association realizó una encuesta entre sus miembros para conocer el estado del arte sobre una serie de cuestiones macro y microeconómicas. Si bien en el primer campo existían discrepancias, a veces, significativas, en el segundo la coincidencia entre los economistas era sustancial.

Uno de los temas en los cuales existía casi una totalidad unanimidad es en la indeseabilidad de los controles de precios. Estos son el resultado las decisiones de millones de productores y de consumidores y cumplen una tarea básica: equilibrar la oferta y la demanda y, en consecuencia, coordinar la actividad económica. Cuando los políticos fijan aquellos por decreto, eliminan las señales que permiten asignar de manera eficiente los recursos escasos de una sociedad.

Pero las malas ideas nunca mueren y éstas últimas semanas, el Gobierno social-comunista y el Partido Popular han coincidido en la propuesta de introducir precios máximos a los test de antígenos para abaratarlos y, por tanto, facilitar el acceso a ellos de los consumidores, en especial, gastada y demagógica coletilla, de aquellos más vulnerables. Pues bien, esta iniciativa es un caso paradigmático de la 'Ley de Consecuencias no queridas' formulada por los clásicos y, como ha ocurrido siempre y en todas partes, producirá efectos distintos a los buscados; a saber, un aumento de la demanda, una reducción de la oferta, una peor calidad de los test y el desarrollo de un lucrativo mercado negro.

Esta iniciativa es un caso paradigmático de la 'Ley de Consecuencias no queridas' y producirá efectos distintos a los buscados

La iniciativa respaldada por la coalición gubernamental y por los Populares supone un desconocimiento de las causas que determinan la escasez y la carestía de los test. Esta situación no es el resultado de un fallo de mercado ni de la voracidad de los fabricantes y distribuidores, sino de la intervención estatal.

De entrada, las pruebas de autodiagnóstico en España, a diferencia de en otros países de la UE como Alemania, Italia o Francia solo pueden venderse en las farmacias. El resultado es una disminución de la oferta y un encarecimiento artificial de los test al impedir la entrada en el mercado de otros competidores capaces de ofrecer más test lo que presionaría a la baja sobre su coste. ¿Por qué no pueden venderlos los supermercados, las parafarmacias, los estancos, etc.? No existe razón alguna para ello. Pero ahí no termina la historia.

El Gobierno social comunista mantiene criterios para la venta de estas pruebas de auto diagnóstico criterios mucho más restrictivos que los establecidos en otros estados europeos, por ejemplo, en Francia y en Alemania. El Ministerio de Sanidad exige a los test producidos por empresas nacionales el certificado de un organismo notificado europeo cuyo tiempo medio para otorgar aquel es de unos tres años.

Esto impide a los fabricantes españoles llevar al mercado una producción estimada de un millón de test a la semana. La ironía o, mejor, el sarcasmo es que tres de cada cuatro pruebas de autodiagnóstico vendidas en la 'Vieja Piel de Toro' han sido producidas en China cuya seguridad-fiabilidad es perfectamente descriptible.

Como era inevitable, la pésima regulación vigente ha dado lugar a la aparición de canales de distribución al margen de los legales para abastecer una demanda creciente que el intervencionismo estatal impide satisfacer. Esto se traduce, lógica económica inevitable, en la creación de un mercado negro de test con precios mucho más elevados y con menores garantías de seguridad para los consumidores. No hace falta ser un doctor en la ciencia lúgubre para saberlo y, según parece, los dos principales partidos del país lo ignoran.  

En este contexto, el fijar por ucase gubernamental un precio máximo a los test solo contribuirá a agravar el problema de su coste-escasez. Es la típica paradoja de todas las medidas que distorsionan el sistema de precios de una economía: la generación de efectos radicalmente distintos a los buscados y esperados por los intervencionistas. Si bien este planteamiento es propio de la izquierda gobernante, resulta lamentable e incomprensible que sea apadrinado por un partido, el PP, que se proclama defensor de la libertad económica.

La única y eficiente manera de elevar el volumen de pruebas autodiagnósticas es muy sencillo: eliminar las barreras que impiden la entrada en el mercado de fabricantes-distribuidores y suprimir las trabas burocráticas existentes para la comercialización de los test que penalizan de una manera injustificada a las empresas españolas. Esta, por cierto, debería ser la postura del centro-derecha patrio cuyo enfoque de este problema es ajeno a los principios que dice profesar y a las leyes económicas básicas.