Con un déficit público que cerrará este año en cerca de 60.000 millones de euros, una deuda pública que -mejor damos en porcentaje para no abrumar- está en el 122% del PIB, los alemanes recordando a Pedro Sánchez que vuelven las reglas fiscales en 2023 y la inflación presionando al BCE para subir los tipos de interés (lo que encarecerá la factura de los intereses que paga el Tesoro), no hay que ser un lince para adivinar que la reforma fiscal que prepara el Gobierno no se va a limitar a subir los impuestos a los ultrarricos.
Dos años después del arranque de esta legislatura, que se ha visto marcada por la pandemia, ni siquiera hemos recuperado la mitad de la riqueza perdida en 2020 en términos de PIB y también somos más pobres por la pérdida de poder adquisitivo que ha traído la inflación.
A Hacienda no le ha venido mal ese encarecimiento del coste de la vida y su recaudación está en récord en un momento en el que el Gobierno ha pedido a los ciudadanos que sean responsables y no reclamen subidas salariales para evitar la llamada 'espiral inflacionista' que golpearía nuestra frágil recuperación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Invertia
Siempre que un Gobierno nombra un comité de expertos surgen dudas sobre la imparcialidad de los catedráticos de prestigio elegidos. Pero en este caso, la falta de disimulo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre cuál ha sido su encargo al grupo que preside Jesús Ruiz-Huerta (director de la Fundación Alternativas, ligada al PSOE) hace que sea evidente por dónde van a ir las propuestas para reformar nuestro sistema fiscal.
Por si quieren más pistas, a esto se suman las directrices que el Ejecutivo ha prometido ya a Bruselas en los Componentes 27 y 28 de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, además, la salida del catedrático Carlos Monasterio, defensor de la corresponsabilidad fiscal y de Ignacio Zubiri, quien se ha mostrado en ocasiones crítico con la escasa transparencia del concierto vasco, pero también defensor de la competencia fiscal.
También parece claro que la gran reforma prometida se quedará en el retoque de algunos impuestos. La verdadera reforma tendrá que esperar a que llegue otro Gobierno con más fuerza en el Parlamento.
Mientras, será interesante ver cómo maneja la coalición estas subidas de impuestos en el Congreso y cómo en su empeño por armonizar los impuestos va a quedar en evidencia que el objetivo no es que todos los españoles paguemos más por Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Con subir esos impuestos en Madrid, la coalición se daría por satisfecha. País Vasco y Navarra, mejor no se tocan.
El Comité de Expertos para la reforma fiscal. EP
Pero es llamativo porque en el País Vasco, el tipo impositivo que se aplica a las herencias de descendientes y cónyuges con cuantía superior a 400.000 euros es del 1,5%. En Navarra, para los cónyuges es del 0,8% y para descendientes parte del 2%, aunque el gravamen escala en función del patrimonio. Aun así, es mucho menos caro heredar allí que en otros lugares de España.
Es fácil adivinar qué partidos se acabarán retratando en el Parlamento cerca de las ideas que defiende Isabel Díaz Ayuso en Madrid si se pone sobre la mesa una armonización fiscal para todos. Y esto con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.
Teniendo en cuenta la impopularidad del Impuesto de Sucesiones, los canarios también estarán de suerte. Su régimen fiscal especial tiene muchas papeletas de salir indemne de esta reforma a pesar de que en Canarias se bonifica el impuesto a las herencias. Es lo que tiene tener algún voto en el Congreso para ayudar al Gobierno a implementar su agenda reformista.
El objetivo no es que todos los españoles paguemos más por Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. País Vasco y Navarra, mejor no se tocan
No hace falta que Aitor Esteban se pronuncie sobre esta armonización fiscal para que el Gobierno sepa qué privilegios tiene que mantener para no tener enfrente al PNV. Un partido que, previsiblemente, tampoco apoyará otras medidas que propondrán los expertos para que el Gobierno las haga suyas. En especial, las relativas a los impuestos del medioambiente, con el diésel y las gasolinas en el punto de mira.
Subir impuestos a los ricos provoca el aplauso de una parte del electorado, pero subírselos a las clases medias y trabajadoras, provoca rechazo.
En el informe del Comité de Expertos para la reforma fiscal habrá propuestas vistosas para el discurso de la 'justicia fiscal', como la avanzada por este periódico, para que las empresas familiares paguen más en Patrimonio y en Sucesiones y Donaciones. Una medida que afecta al 1% de la población más rica, según expertos tributarios.
Sin embargo, que se suban los impuestos a los 'ricos' no será consuelo para el resto cuando tenga que pagar más. Y Ciudadanos -previsible salvador del Gobierno con la reforma laboral- no podrá salir en su auxilio en materia fiscal. Su planteamiento choca con su programa. Y el partido de Inés Arrimadas no olvida que, además, siempre que se ha opuesto al cupo vasco que defienden los socios de Sánchez ha salido reforzado en sus encuestas internas.
ATENTOS A...
Los partidos del Gobierno han vuelto a prolongar en la Mesa del Congreso el plazo de enmiendas al Real Decreto 26/2020 que regula los fondos europeos. Con esta estrategia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere evitar ceder a las presiones de los grupos políticos en distintos frentes. No solo el del PP, también el de los nacionalistas.
Antonio Garamendi y Pedro Sánchez.
Sin embargo, desbloquear ese proyecto de ley es vital para que el sector privado pueda concurrir a las convocatorias de los fondos de la UE y también para reducir la burocracia de la Administración, que está lastrando este proceso. Se entiende el nerviosismo de la patronal que preside Antonio Garamendi ante esta estrategia política con una norma que iba a tramitarse por el procedimiento de urgencia.
