Tras la sentencia política y mediática que se dictó hace ocho años, ahora ha llegado el fallo judicial del procedimiento penal abierto por aquella venta de pisos en alquiler del Ayuntamiento de Madrid al fondo estadounidense. Una desinversión de un consistorio endeudado que se formalizó antes de que naciera Unidas Podemos y que ha marcado el devenir del debate público en materia de vivienda social en la última década.

Eran los años de la crisis financiera en los que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cerró el grifo a los ayuntamientos y obligó a agudizar el ingenio a alcaldes y concejales para evitar más recortes. Cuentan fuentes que conocen bien la operación, cómo a la alcaldesa Botella le prepararon un documento con todos los activos que podía vender para hacer caja y cumplir con sus pagos.

Ana Botella. EP

La venta de un paquete de viviendas en alquiler a inversores privados -manteniendo las condiciones a los inquilinos- era una fórmula de conseguir efectivo rápido y se decantó por ello. Les voy a dar un detalle desconocido. En un primer momento, la idea pareció tan buena que los ayuntamientos de Barcelona (con Xavier Trias de CiU), Bilbao (Iñaki Azkuna, EAJ-PNV) y Valencia (con la fallecida Rita Barberá del PP) llegaron a plantearse copiarla, recuerda esa fuente. Obviamente, visto lo que ocurrió pocos meses después, todos desterraron el plan. Así que el mérito de que no vuelva a suceder algo así en este país no será de la futura Ley de Vivienda, sino de la alcaldesa Botella y su 'pena de telediario'.

Casi una década después, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado por unanimidad esta causa penal. Según los magistrados, la transacción fue legal. Las partes acusadas han sido declaradas inocentes de todos los cargos.

La Fiscalía ya había señalado que el caso carecía de fundamento jurídico y era fruto de cuestiones políticas o ideológicas. Ahora, la sentencia también advierte que en un procedimiento penal "no se juzga la operación en términos de oportunidad política o económica, sino en términos de posible conculcación de normas". Ni el CEO de la EMVS, ni el representante de Fidere prevaricaron. Mientras, el Supremo absolvió en 2020 a Botella y su Junta de Gobierno de las supuestas negligencias con la venta.

Todo esto después de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Carmena y de un juicio político en el que se ha hablado poco de cómo les ha ido a la mayoría de inquilinos de esos inmuebles en los años vividos con Blackstone como casero.

En el mismo año en el que el equipo de Botella cerró la operación con Blackstone, la Comunidad de Madrid vendió un paquete de otras 3.000 viviendas a Goldman Sachs. En este caso, el vendedor fue el IVIMA (empresa pública) y no la EMSV (empresa municipal con S. A.). Este detalle hizo que en términos jurídicos la venta fuera distinta y el comprador acabara devolviendo los inmuebles a la CAM por un fallo de los funcionarios públicos en el traspaso de la potestad de alquilar al sector privado.

Si alguien ganó por ese ruido fue la oposición en la Asamblea de Madrid -Comisión parlamentaria de Investigación mediante-.

Ha quedado demostrado que es más fácil hablar de la operación Botella-Blackstone que de cómo crear un parque de vivienda social 

Ha quedado claro que en términos éticos, estas ventas no son aceptables para buena parte de la sociedad española. Aunque lo curioso es que la falta de vivienda pública disponible no se debe a las compras de Blackstone y Goldman, sino a las ventas cerradas en las últimas décadas por las Administraciones a particulares que accedían a vivienda protegida y podían comprarla en el futuro, en muchos casos, al margen de su progreso económico.

También los fondos han aprendido que en términos de reputación y seguridad jurídica este tipo de compras no son buena inversión. Blackstone, el gran casero de España -aunque ya planee su retirada- tiene 25.000 inmuebles, pero salió del anonimato ante los espectadores de La Sexta gracias a los 1.860 pisos que compró al consistorio de Botella.

Sin perder de vista todo esto -ya rentabilizado en términos políticos por la izquierda-, esta venta tuvo otras repercusiones -políticamente incorrectas- que ayudaron a la economía.

Una es que aceleró la entrada de fondos extranjeros en nuestro país en un momento en el que los bancos tenían que deshacerse de grandes paquetes de vivienda que nadie quería comprar. También ayudó a marcar un suelo en el desplome de los precios, ya que su llegada fue señal de que la caída se quedaba ya sin recorrido.

Casi una década después, ha quedado demostrado que es más fácil hablar de la operación Botella-Blackstone que de cómo crear un parque de vivienda social en España que ayude a terminar con este problema que afecta a los más vulnerables. Curiosamente, con una futura Ley de Vivienda en marcha que espanta a los inversores inmobiliarios, la solución parece pasar por dejar que esa Ley quede dormida en el Congreso y los fondos destinen una parte de sus viviendas a alquiler social. ¿Ahora, ya no son 'buitres'?