El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 es la traca final de la irresponsabilidad populista desplegada en el campo presupuestario y fiscal por la coalición social-podemita desde su ascenso a poder: una continua e inédita expansión del gasto público acompañada por una elevación constante de la tributación sobre las familias y sobre las empresas.
Esta errónea combinación de políticas sólo ha servido para agudizar el deterioro de las finanzas públicas y su insostenibilidad sin tener impacto positivo alguno sobre el crecimiento económico. Esta dinámica alcanza su máxima y esplendorosa expresión en los PGE presentados esta semana, los últimos de la legislatura. Un texto alucinante elaborado por un Gabinete fantasmagórico.
Los PGE elaborados por el Gobierno se sustentan en un cuadro macroeconómico irreal como ha puesto de manifiesto el Banco de España en la revisión de sus proyecciones macro para 2023.
El antiguo instituto emisor prevé un incremento del PIB el año próximo del 1,4% frente al 2,1% calculado por el Gobierno. Y esa previsión resulta optimista a la vista de la negativa evolución de la economía internacional y, clave, de la europea; del inevitable endurecimiento de la política monetaria; del hundimiento de las expectativas de los hogares y de las empresas reflejado por todos los indicadores cualitativos; de la persistencia de una inflación alta, de nuevo, superior a la planteada por el Ejecutivo; del efecto negativo sobre el trabajo, el ahorro y la inversión de las alzas fiscales, etc.
Desde esa perspectiva, el escenario central dibujado por la institución dirigida por el Sr. Hernández de Cos puede verse corregido a la baja y probablemente así ocurrirá. El PIB español se contraerá con toda seguridad en el último trimestre de 2022 y en el primero de 2023.
Y no cabe descartar una recesión en el conjunto del ejercicio si la economía no se reactiva a partir de la primavera, extremo bastante improbable, salvo que la guerra de Ucrania termine, las sanciones a Rusia se eliminen, el suministro de gas y petróleo procedente de ese país hacia Europa se reanude… Es decir, si el 'cuento de la lechera' se convierte en una realidad.
"España se puede enfrentar a la tarea no ya complicada de afrontar y gestionar una estanflación, sino una recesión inflacionaria"
Por tanto, España se puede enfrentar a la tarea no ya complicada de afrontar y gestionar una estanflación, sino una recesión inflacionaria. Con un endeudamiento del sector público muy abultado, con un encarecimiento tanto de la financiación de éste como de la del sector privado, sin un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo, el riesgo de una crisis de deuda y de la aparición de problemas en el sistema bancario no es despreciable.
Quizá esto suene alarmista, pero también se decía lo mismo cuando hace apenas unos meses se alertaba de la persistencia de la inflación y de la amenaza de entrar en una senda estanflacionaria.
En el plano de los gastos, la orientación de los PGE tiene un solo objetivo: intentar capturar votos o, al menos, conservar el mayor volumen posible de ellos ante la cercanía de las elecciones.
En eso consiste la revalorización de las pensiones con el IPC, la subida salarial a los funcionarios, el incremento del Ingresos Mínimo Vital, la prórroga de las subvenciones al alquiler de viviendas para jóvenes, la concesión financiada de permisos de una semana al año para cuidar a niños, padres, parejas, etc.etc.etc.
"Lo relevante es la brutal escalada del gasto estructural, unos 50.000 millones de euros"
El denominado gasto social absorbe el 58,5% del total. Sin embargo, lo relevante es la brutal escalada del gasto estructural, unos 50.000 millones de euros, que se quedan instalados en el corazón del Presupuesto patrio como una pesada losa sobre las cuentas públicas.
En el lado de los ingresos, el aumento de la recaudación reposa sobre un crecimiento del PIB que no se va a producir. Sin embargo, el Gobierno cuenta con otras fuentes adicionales para conseguir ingresar más: primero el impuesto inflacionario; segundo, el incremento en un 11,8% de las cotizaciones sociales derivadas del destope de las máximas y tercero, los 'impuestazos' que prende aplicar a las energéticas, a la banca y a los "ricos".
Estas son las fuentes recaudatorias adicionales introducidas por la coalición social-comunista para lograr reducir el déficit público hasta el 5% del PIB establecido en su cuadro macro.
El Gabinete define a los PGE como los de la Justicia Social y la Eficiencia Económica. Sin embargo, no hay nada más injusto que una política cuyo efecto es empobrecer a la población y nada más ineficiente que derrochar recursos extraídos de manera coercitiva a los hogares y a las empresas para servir a intereses partidistas en un escenario de crisis económica.
