La buena educación obliga a comentar un sinfín de cuestiones desprovistas del menor interés por su irrelevancia, por su inconsistencia, por su pobreza intelectual y por la ausencia de los criterios más elementales de racionalidad.

Sin embargo, esos calificativos o restricciones que operan en cualquier debate de una mínima altura no se aplican a la política en donde todo es posible, todo es legítimo y, por desgracia, tiene o puede tener implicaciones muy negativas para la vida y el bienestar de los ciudadanos.

Por eso no queda otra que analizar el catálogo de medidas económicas planteadas ayer por la flamante líder de esa plataforma de náufragos en que se ha convertido Podemos, IU y cia; un monumental ejemplo de la pobreza y de la agonía intelectual de la izquierda patria.

"El núcleo de las propuestas fiscales de Díaz repite la insoportable letanía de la necesidad de hacer pagar más a quien más tiene"

El núcleo de las propuestas fiscales de Díaz repite la insoportable letanía de la necesidad de hacer pagar más a quien más tiene. Esto supone una ignorancia de un sistema tributario cuya progresividad en la imposición sobre la renta es de las tres mayores de la OCDE y aplicada a partir de tramos de renta muy inferiores a los existentes en la media de los países miembros de esa organización.

Implica además ignorar que es esfuerzo fiscal de los españoles supera en más de 10 puntos el del promedio de la UE, que la fiscalidad empresarial es de las menos competitivas del mundo desarrollado y la patrimonial es la segunda peor de la OCDE.

A fuer de ser sinceros y tiene razón, Díaz sostiene que sus propuestas tributarias no tienen como objetivo principal aumentar la recaudación. Esto significa que sólo se pretende arrebatar a los ciudadanos el mayor porcentaje posible de su renta y de su riqueza, aunque la potencia redistributiva de esa medida sea inexistente.

En otras palabras, se trata de empobrecer a los “ricos” sin mejorar la posición relativa de las capas más desfavorecidas de la población. Esto ha de reconocerse es coherente porque ha sido la tónica de la política del Gobierno que la Sra. Díaz vicepreside.

"Lo de democratizar las empresas es la forma postmoderna de encubrir su nacionalización fáctica"

Lo de democratizar las empresas es la forma postmoderna de encubrir su nacionalización fáctica; esto es, de arrebatar a los propietarios la capacidad de dirigir sus compañías de acuerdo con los criterios que estimen conveniente para hacerlas rentables y competitivas.

Aunque Díaz no ha explicitado los detalles de en qué consistiría su plan democratizador, el enfoque huele a una versión edulcorada de la codirección de las compañías capital-trabajo en época de la NEP de Lenín o a una cogestión que supone de facto la pérdida de control de las empresas por Gobierno; un regalo estupendo a los sindicatos, que se convertirían en comisarios políticos.

Otra medida estelar es la denominada “herencia universal” mediante la cual el Estado abonaría a los jóvenes 20.000 euros al cumplir su mayoría de edad, una burda maniobra para comprar votos.

Si se tiene en cuenta que cada año entran en esa categoría alrededor de 500.000 individuos, el coste de esa medida sería de unos 10.000 millones de euros anuales. Si se tiene en cuenta la recaudación actual y media procedente de las fuentes tributarias -patrimonio, sucesiones y donaciones- no cubriría ni un tercio de ese importe y, además, habría que arrebatarles las competencias sobre él a las autonomías, los números no salen.

"Las ocurrencias de Díaz y cia no se insertan en el marco de un programa económico general, se acompañan de memoria económica alguna de sus costes"

Y, por supuesto, las ocurrencias de Díaz y cia no se insertan en el marco de un programa económico general, se acompañan de memoria económica alguna de sus costes, etc. Esto es pedir demasiado esfuerzo a quienes sólo son capaces de ofrecer una mix de demagogia e irracionalidad, una pócima mágica y barata para unos hipotéticos votantes hacia cuya inteligencia muestran un absoluto desprecio.

Díaz y sus correligionarios quieren ejercer un mayor control sobre los beneficios empresariales para responder a la inflación. En primer lugar, con qué instrumento alquímico, el Gobierno o, en su caso, sus comisarios políticos saben cuál es el nivel óptimo o razonable de los márgenes de las compañías; en segundo lugar, los beneficios no son la causa de la inflación.

Esta es un fenómeno monetario provocado por un aumento de la cantidad de dinero en circulación por encima del de la producción. Ni los salarios ni los márgenes de las empresas son per se inflacionistas.

Y con ese catálogo de iniciativas, Díaz se atreve a enarbolar como un punto central de sus objetivos el cerrar la brecha de productividad que separa a España de Europa. En qué manual de economía básica, las medidas propuestas por esta izquierda prehistórica han tenido efecto alguno sobre esa variable.

"Al menos, sus ancestros tenían una mayor solidez y planteaban sus erróneas ideas con un cierto pedigree intelectual"

La teoría y la evidencia empírica han mostrado con una terquedad constante que producen el efecto contrario. Sumar y sus gurús no tienen ni las más remota idea de como se eleva la productividad en una economía.

Díaz dice que se abre una nueva época que necesita respuestas novedosas, etcétera, y para ello ha planteado unas medidas viejas, desprovista de cualquier rigor técnico e insertadas en la vulgata de un marxismo de parvulario.

Al menos, sus ancestros tenían una mayor solidez y planteaban sus erróneas ideas con un cierto pedigree intelectual. Como decía Rasymond Aron: “Al menos con la vieja izquierda de podía discutir”. Esto es izquierdismo de arrabal, eso sí servido por el fino estilismo de la vicepresidenta del Gobierno Sánchez.