Un país serio debe cumplir con sus compromisos con terceros países o con su población. Eso también cuenta cuando esos compromisos han sido acordados por gobiernos anteriores. En caso de no poder cumplirlos, se debe negociar con los que han adquirido derechos, después de comentar con la oposición mayoritaria el cambio de postura.
Otra forma de actuar va contra la credibilidad no sólo del Gobierno, sino de todo el país. Pérdida de credibilidad que cuesta mucho remontar. En política exterior España dejó de ser fiable para EEUU con la decisión de Zapatero de abandonar precipitadamente la coalición internacional encabezada por EEUU en la guerra de Irak.
Se podría haber hecho igualmente, pero no sin consensuar una salida razonable. Después de esa decisión hemos tardado años en recuperar la condición de aliado fiable ante USA. Mientras, Marruecos ha ido ganando posiciones poco a poco como aliado fiable de los americanos en el norte de África ¿Habrá tenido Sánchez que cambiar toda una política de decenios en el caso del Sahara por eso?
Lo mismo que en política exterior respecto a los países aliados, también pasa en política presupuestaria respecto a los ciudadanos. El Gobierno Sánchez, como nos tiene acostumbrado, está comprometiendo gastos en campaña electoral. No son anuncios de futuras acciones, a lo que tiene derecho si aspira y, más aún, vuelve a gobernar. Lo que está haciendo es utilizar el BOE para comprometer gastos futuros por su cuenta, sin pensar en quién los tiene que abonar.
El Gobierno Sánchez, en plena campaña electoral, ha acordado, por ejemplo, dotar sobre 40.000 plazas de empleados públicos más. Lo han confirmado los sindicatos CSIF y UGT. La intención estaba recogida en sus planes. Pero ese Gobierno ahora está en funciones.
El Gobierno Sánchez, como nos tiene acostumbrado, está comprometiendo gastos en campaña electoral
Por tanto, lo sensato es esperar a que un nuevo Gobierno, con plenas competencias, decida si es, o no, necesario el aumento de plantillas de empleados públicos y las características de ellos. Un empleado público cuesta una media de 60.000 euros al año (en el 2020 eran 58.000). Ese aumento de plantilla supone un compromiso de gasto recurrente (los salarios se pagan mes a mes) de 2.400 millones de euros cada año ¿Convendría hacerlo con una política económica de un Gobierno diferente al actual?
Por otra parte, desde la convocatoria de las elecciones, seis Consejos de ministros, se han comprometido gastos. Uno de 440 millones de euros (29 de mayo) para publicidad institucional ¿Tan urgente es un programa que es bianual? ¿A quién puede favorecer este gasto? Otro de 990 millones de euros (27 de junio) para limpiezas de inmuebles de edificios estatales en la Comunidad de Madrid. Y así sucesivamente hasta cerca de 8.000 Millones de euros.
Que un gobierno en funciones tome estas decisiones, en un periodo electoral, es una imprudencia, o algo peor. Más aún, si es probable un cambio de Gobierno.
Un empleado público cuesta una media de 60.000 euros al año (en el 2020 eran 58.000)
El Gobierno Sánchez no lo ha consensuado con el otro posible inquilino de la Moncloa, el Sr. Feijóo. Ni siquiera se lo ha comunicado. El jefe de la oposición, en el debate “cara a cara” del lunes, se quejó de que no se le consulta nada. Cuando le preguntaron sobre si cambiaría la política de Sánchez respecto a Marruecos, contestó que no lo sabía porque nadie le había comunicado cual era.
Un país serio debe cumplir sus compromisos políticos y económicos. Para eso es necesario que sus gobiernos sean serios y tomen decisiones cuando saben que van a ser responsables de su ejecución y no cuando estando en funciones, en periodo electoral, tiene probabilidades de endosar las responsabilidades a los siguientes.
Por cierto, eso es lo que le dijo Feijóo a Sánchez a propósito de la deuda pública española, que ha crecido por encima del billón y medio de euros. Una deuda que si Feijóo llega a la presidencia tendrá que manejar en un clima de incremento de tipos de interés. Un regalo envenenado.
Con regalos así, cómo el déficit oculto que recibió Rajoy de Zapatero, será complicado gobernar sin una auditoría de las cuentas públicas. Auditoría que Feijóo cree prioritaria sí gobierna. Antes de tomar decisiones hay que saber lo que hay.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.