El coste económico de jugar con las normas informales

Los primeros análisis económicos de la ley, del Nobel Gary Becker, entre otros, partían de la base de que el coste esperado de las sanciones formales tenía que ser superior a los beneficios de infringir la ley para ser disuasorio.

Sin embargo, de acuerdo con autores más recientes, como Cass Sunstein o Jean Tirole, las leyes también tienen una "función expresiva" porque muestran normas sociales acerca de lo que se considera apropiado y lo que no.

La importancia de las normas sociales se minusvalora en nuestros días. Se diría que si no se judicializa el comportamiento inadecuado, no está mal. Pero cuando las normas sociales son transgredidas, pero no son delito, también se castigan.

¿Cómo? Mediante sanciones informales, como, por ejemplo, las expresiones de desaprobación, el ridículo y el ostracismo social.

Las normas sociales informales pueden frenar el incumplimiento mediante la señalización

Dicho de otra manera, las normas sociales informales pueden frenar el incumplimiento mediante la señalización, especialmente si se trata de normas que se consideran legítimas.

Si está mal vista la envidia y la comunidad penaliza el comportamiento derivado de la envidia, como transgredir la propiedad ajena, es muy probable que se frene el robo con mayor facilidad que en el supuesto contrario.

Por el contrario, las instituciones legales ilegítimas pueden ser incluso contraproducentes si no señalan, o incluso socavan, las normas sociales que fomentan la cooperación en una comunidad. Por ejemplo, los impuestos que persiguen la extracción de recursos privados con criterios ilegítimos son una puerta abierta al fraude fiscal.

La mayoría de las investigaciones al respecto analizan los efectos de la aplicación de la ley y las normas sociales en el comportamiento social, pero se centran, en gran medida, en la aplicación no sesgada de las normas en poblaciones homogéneas.

Imparcialidad

La realidad nos dice que muchas poblaciones son heterogéneas, y las normas no siempre se aplican y refuerzan de forma no sesgada en los distintos grupos sociales. Cuando se estudian estos casos, los resultados indican que cuando las instituciones pierden la imparcialidad, el cumplimiento de las normas se ve perjudicado.

El coste de devolver la legitimidad a las instituciones que la han perdido no es solamente económico, pero también es económico. La confianza, como dice la sabiduría popular, es muy difícil de recuperar. Se edifica poco a poco, con actos que eliminan el miedo y la desconfianza. Pero se destruye con un solo resbalón.

La actualidad de nuestro país se centra en dos hechos bien distintos. Por un lado, el caso Rubiales-Hermoso, en el que se muestra el error de querer legislar cualquier comportamiento inadecuado.

Por el otro lado, la gestión de la investidura por parte del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, que es una exhibición obscena de cómo se deslegitiman las instituciones democráticas.

Deslegitimación

Esa deslegitimación se da en varios frentes. Uno de ellos es el recurso de amparo que el PSOE ha presentado ante el Tribunal Constitucional ante el rechazo tanto de la Junta Electoral Central como del Tribunal Supremo, respecto a conteo de los votos nulos, exclusivamente en la provincia de Madrid.

El hecho de no haber reclamado nada hasta ahora es bastante sospechoso. Resulta que les falta un voto para no necesitar el voto a favor de JuntsxCat. Para los independentistas dar el sí a Sánchez les haría quedar mal frente a sus votantes. La abstención sería una opción mucho más aceptable.

Para asegurarse el éxito, el PSOE está dispuesto a poner en cuestión a los interventores de su propio partido, a la Junta Electoral Central y la decisión del Tribunal Supremo. La sentencia de dicho tribunal, dictada el pasado 25 de agosto, ha sido el resultado de un minucioso examen de la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y concluía que la petición del PSOE no cumple con los requisitos de la corte de garantías.

Por encima de ese minucioso estudio, el partido en el gobierno, por el simple hecho de asegurarse la investidura, ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, porque, según el fiscal Ricardo González Cerrón, no existe precepto alguno en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que prohíba expresamente solicitar la revisión de los sufragios afectados de nulidad.

Coste

Y aquí es donde hay que valorar el coste de deslegitimar las instituciones democráticas para conservar el poder político. Si hay dudas respecto a Madrid, es oportuno exigir que se revisen todos los votos por correo declarados nulos en toda la nación. Hay motivos para dudar del conteo, no solamente de los votos por correo, sino de todos los demás. Y, ya puestos, de la fiabilidad de todo el proceso democrático.
Porque como no hay nada que lo prohíba, sembrar la duda está bien.

Aunque eso mine la confianza de la ciudadanía. Aunque eso fuerce a los votantes honestos del PSOE a auto infligirse un “esguince mental” y justificar lo que sea, a golpe de “los otros son peor”, “que viene el hombre del saco”, o cualquier otra fórmula falaz, basada en el miedo.

Eso sí. Los resultados de cualquier referéndum independentista con una participación ridícula son sagrados, porque son los que van a aupar a Sánchez a repetir presidencia.

Todo este proceso nos pilla preocupados por sucesos macabros en Tailandia, el escándalo de la selección femenina de fútbol, y los insultos de la portavoz del PSOE ante la oferta de pacto por parte del partido ganador de las elecciones, el Partido Popular. Así que, con la ciudadanía distraída, todo vale. Y es muy probable que Conde-Pumpido pague los favores a quien le ha puesto ahí.

¿Con qué cara ninguno de los protagonistas de este escándalo puede pedir respeto a la democracia y a las instituciones democráticas cuando son ellos quienes las deslegitiman? ¿Cuál es el precio que van a pagar los responsables por desfondar la confianza de los españoles, que solamente queremos llegar a fin de mes y vivir en paz?

Esta claro: ningún precio. Y precisamente por eso, que implica que no existe el Estado de derecho en nuestro país, lo hacen. Porque pueden.