La actual coalición gubernamental sintetiza a la perfección la unión del intervencionismo regulatorio típico del franquismo con el fiscal propio del socialismo. Ambas cosas explican porqué el diferencial entre el PIB per cápita español y el de la media UE es el mismo en 2023 que en 1975. 

De entrada, es preciso contemplar todo lo pactado ahora con lo acaecido en la pasada legislatura, que se tradujo en más gasto, en más impuestos, en más regulaciones, en un aumento exponencial de la inseguridad jurídica y en una creciente desprotección de los derechos de propiedad ante el asalto gubernamental al Estado de derecho. El objetivo para esta segunda etapa del Régimen Pedratorio es culminar la tarea de demolición de lo que queda de economía de mercado y de libertad de empresa en España. Desde esta perspectiva es importante destacar algunas de las iniciativas que respaldan esa hipótesis.   

El coste presupuestario de los acuerdos del PSOE con Sumar, con ERC-Junts-PNV y las medidas anunciadas por Sánchez en el debate de investidura asciende a unos 115 millardos de euros. Es decir, el equivalente al 8% del PIB.

El 95% de los desembolsos comprometidos son gasto corriente cuyo impacto sobre la capacidad productiva de la economía nacional es inexistente. La finalidad de ello es una y muy simple: suministrar a la base social que soporta al Gobierno subsidios para mantener su apoyo.

"Las nuevas subidas impositivas planteadas por la coalición son insuficientes para financiar el gasto y recortar el binomio déficit-deuda"

¿Para qué dar incentivos y crear las condiciones para que sean capaces de labrar su futuro con su esfuerzo y su talento? Porque hacer eso sería letal para el modelo de sociedad que la izquierda y sus aliados quieren para España.

Y ese derroche presupuestario se plantea en un Estado con un déficit estructural de las Administraciones Públicas en el entorno del 4% del PIB, con una ratio deuda pública/PIB superior al 100%, en vísperas de la entrada en vigor de las reglas fiscales en la zona euro, en un escenario de reducción de los ingresos tributarios a causa de la pérdida de vigor de la economía y del menor crecimiento de la inflación, de encarecimiento del servicio de la deuda como consecuencia de la subida de los tipos de interés y cuando Italia está a punto de ver calificado su bono con un desagradable adjetivo: basura. 

En ese contexto, ni el sistema tributario en vigor ni las nuevas subidas impositivas planteadas por los coaligados son suficientes para conseguir financiar el gasto y recortar el binomio déficit-deuda. Por añadidura, nunca jamás en una economía en desaceleración, con un descenso de la renta disponible de las familias, de los beneficios empresariales y con un empeoramiento de las expectativas de ambos, las alzas de tributos han logrado aumentar la recaudación.

Al contrario, la han reducido allí donde se han introducido como lo muestra la experiencia de los últimos 30 años en los países de la OCDE. España está en el punto de la Curva de Laffer a partir del cual impuestos más altos se traducen en menos ingresos para las arcas públicas. 

"El crecimiento de una economía es imposible cuando su marco institucional depende únicamente de la voluntad del Gobierno"

En el plano microeconómico, todos los acuerdos del Gobierno con sus variopintos socios se traducen en elevar la intervención del Gobierno en los mercados. Se van a crear dos nuevas secciones de la inquisición gubernamentales en el sector energético y en el financiero. Se termina por liquidar la reforma laboral con la cuasiimposibilidad de despedir y de descuelgue por parte de las empresas de los convenios de ámbito superior.

Se pretende seguir subiendo el SMI. Doña Yolanda Doolitle quiere para Sumar el Ministerio de Industria y utilizar la SEPI reconvertida en INI para dirigir la política industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Si los falangistas del viejo régimen levantasen la cabeza entonarían el Cara al Sol en honor a sus dignos herederos.     

La condonación de 15 millardos de deuda y 1,3 de intereses a la Generalitat y la hipotética cesión (no se ha especificado cual sería el modelo concreto) del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña a la Generalitat rompen cualquier criterio de equidad y de racionalidad financiero-tributaria, son un incentivo a la irresponsabilidad presupuestaria practicada desde hace casi dos décadas por los gobiernos del Principado y son regresivas en tanto suponen una transferencia de renta de los habitantes de las autonomías más pobres a los de una autonomía rica con una renta muy superior a la media nacional.

Se está ante una resurrección en el siglo XXI de aquella vieja institución medieval conocida como derecho de pernada.

Por último, la continuidad de la estrategia de desmantelamiento de los controles al poder del Ejecutivo-Legislativo ya no se limita a las acciones discrecionales del Gobierno de carácter puntual realizadas en el pasado quinquenio, sino a la destrucción de las instituciones básicas del Estado de Derecho. Y, como ilustra la teoría económica y prueba la evidencia empírica, el crecimiento de una economía, el consolidar su posición de alta renta es imposible cuando su marco institucional depende de una sola cosa: la voluntad y los deseos del Gobierno.