De entrada, los bancos no han obligado a nadie a solicitar un crédito hipotecario ni tampoco a hacerlo a un tipo de interés variable. Quienes adoptaron esa decisión lo hicieron de manera libre y voluntaria. Durante muchos años se beneficiaron de un precio del dinero situado en niveles anormalmente bajos y cuyo único recorrido posible era al alza.

A pesar de ello aceptaron ese riesgo y suscribieron hipotecas cuyo proceso de amortización es, en promedio muy largo. Podrían haber reconvertido su crédito hipotecario a tipo fijo y no lo hicieron. En consecuencia son responsables de sus actos y, por tanto, han de aceptar sus consecuencias.

Ese criterio no es sólo uno de los principios esenciales de una sociedad sustentada en el binomio libertad-responsabilidad sino uno de los fundamentos de una economía de mercado y de un orden civilizado; a saber, los contratos han de cumplirse. El garantizar eso constituye una de las funciones básicas del Estado, un medio insustituible para generar la confianza sin la cual las transacciones económicas no pueden producirse, se ven severamente mediatizadas o se realizan a un coste mucho más alto ante la incertidumbre generada por un potencial incumplimiento de lo acordado. 

La decisión de impedir el desahucio de quien no paga las hipotecas es además injusta. Por un lado, los individuos y las familias que las realizaron por prudencia a tipos de interés fijos y, en consecuencia, más onerosos sufren una discriminación inaceptable de acuerdo con cualquier parámetro ético; por otro, se premia a quien ha actuado de forma irresponsable o, al menos imprudente, y, eso sí, se ha beneficiado de ello durante mucho tiempo.

La decisión de impedir el desahucio de quien no paga las hipotecas es además injusta

Esta asimetría de trato no tiene pase y el Real Decreto Ley premia a quienes por ignorancia, dudosa, o por “listillos” han incurrido en riesgos que ahora quieren trasladar a terceros. Pero ahí no termina la historia. 

La prohibición de desahuciar a los morosos tiene efectos negativos para el resto de los españoles. Ante el peligro de que eso ocurra, los bancos tenderán a ser mucho más restrictivos en su oferta de créditos hipotecarios y, además, estos se encarecerán.

De este modo, el acceso a la vivienda en propiedad se dificultará para las personas a quienes se pretende proteger; esto es, a aquellas con menores ingresos. Si se añaden, la brutal regulación introducida por el Gobierno en el mercado de alquileres y su impacto negativo sobre su oferta, el resultado global es menos oferta de viviendas y más caras. Esto es una expresión de la Ley de las Consecuencias no Queridas formulada por los economistas clásicos.  

Por otra parte, el concepto de “persona vulnerable” se puede prestar a todo tipo de abusos porque tiene muchas probabilidad de convertirse en un traje a la medida. Así, por ejemplo, un individuo o una entidad familiar con un cierto espíritu emprendedor puede tener la tentación de resistirse a incorporarse al mercado laboral, de obtener rentas que le sitúan en una posición de vulnerabilidad y lograrlas o complementarlas en el mercado negro, donde son indetectables, para eludir el pago de su hipoteca. La picaresca es un género literario de honda raigambre patria y su desarrollo es directamente proporcional al grado de regulación existente en la economía.

Desde la izquierda se atribuye a los bancos la culpa de los problemas de los prestatarios para pagar sus hipotecas. Se olvidan dos cosas elementales: primera, los tipos de interés los establece el BCE y las entidades crediticias acomodan las condiciones de su oferta de crédito a lo determinado por el instituto monetario europeo; segunda, el negocio de la banca no es quedarse con las viviendas cuya compra financia. Por eso, su resistencia a desahuciar es alta y, por regla general, esa solución es siempre la última.  

El apoyo de Populares y Voxitas a la prórroga de la suspensión de los desahucios durante cuatro años más ni siquiera cabe explicarse por motivos electorales. El número de lanzamientos que se produce en España es muy pequeño en términos agregados. Afirmar, como ha hecho algún político de la derecha, que presta soporte a la iniciativa gubernamental porque defiende la propiedad privada, porque aspira a crear una sociedad de pequeños propietarios es adacadabrante. Quien quiere la propiedad de algo ha de adquirirla a través de un título legítimo. En el caso de una vivienda comprada con un  préstamo hipotecario, eso supone pagarle.