El argumento fundamental es que esa financiación diferenciada conduce al Estado a una estructura confederal de haciendas autonómicas. Tarde o temprano Valencia pediría algo similar, luego Galicia, posteriormente Andalucía…

La financiación diferencial de Cataluña (el 18% del PIB nacional) es el camino hacia una segunda descentralización administrativa. La primera fue la de los estatutos de autonomía.

La financiación diferencial de Cataluña es el camino hacia una segunda descentralización administrativa

Una mayor descentralización hacendística no tiene porque ser mala, como no lo fue la descentralización político-administrativa autonómica.

La primera descentralización se compensó con una hacienda y una tributación centralizada, con las excepciones del País Vasco y Navarra. Por tanto, para mantener el equilibrio vuelvo a insistir: toda nueva descentralización requiere fortalecer los órganos que velen por la cohesión del país.

Mi propuesta es hacerlo mediante la reforma de la ley electoral nacional para el Congreso. Una ley cuya idea es preconstitucional. Las primeras elecciones de 1977, antes de la aprobación de la Constitución de 1978, ya utilizaron la circunscripción provincial y la ley D’Hondt para la distribución de escaños dentro de ella.

En la nueva ley electoral no haría falta cambiar la circunscripción provincial (constitucional), ni el sistema de reparto mediante el procedimiento D’Hondt.

Toda nueva descentralización requiere fortalecer los órganos que velen por la cohesión del país

Manteniendo el mismo número de diputados del Congreso sólo la mitad o menos de los 350 escaños actuales se repartirían como hasta ahora.

Ahora bien, todos los votos de cada provincia que no sirvieran para asignar un escaño no se perderían. Irían a una bolsa nacional del partido votado. Cada partido, coalición o agrupación de electores tendría, además de las listas provinciales, una lista nacional para aprovechar esos votos.

Esas bolsas nacionales servirían para distribuir (con el sistema D’Hondt) la mitad o más de los escaños no salidos de las circunscripciones provinciales entre los partidos que hubieran presentado candidaturas nacionales.

Así por ejemplo, si en Gerona el PP hubiera sido votado por 30.000 electores, aunque no hubiera obtenido escaños, esos votos no se perderían, porque servirían para asignar diputados en la lista nacional del PP. Algo muy razonable cuando se trata de la representación de toda España.

De manera que, como describía mi anterior artículo, habría diputados de extracción provincial y otros nacionales. Todos deberían pensar en el bien común de toda España. Pero unos, los de las listas nacionales, responderían más al interés general que a sus electores locales.

Es la filosofía que recoge la ley alemana y de las nuevas leyes electoras modernas, como la de Nueva Zelanda, Escocia o Gales.

Tanto si Illa o Puigdemont llegan a ser 'President', o hay repetición de elecciones, el debate sobre la financiación singular de Cataluña está en el campo político

¿Por qué insisto por segunda vez abusando de la paciencia de este medio? Porque creo que la propuesta es razonable, dado que el sistema de financiación va a estar en la agenda política se quiera o no.

Tanto si Illa o Puigdemont llegan a ser President, o hay repetición de elecciones, el debate sobre la financiación singular de Cataluña está en el campo político. Lo defenderá una parte importante del Parlament y, tarde o temprano, habrá que abordarlo. Por eso creo razonable insistir en mi propuesta.

La respuesta no puede ser la negación. Lo inteligente es dar una salida al debate poniendo en el tapete a cambio de la “financiación singular”, un “cambio electoral” nacional.

Cambio electoral que hace útil el voto de cualquier español, resida en el territorio que resida, evitando que se pierdan los restos provinciales.

Por una parte da poder hacendístico a las autonomías que quieran esa “financiación singular”. Pero, por otra, fortalece una institución para la cohesión nacional. Tanto en el Congreso como al reforzar las estructuras centrales de los partidos, que elegirán las listas nacionales.

¿Si la ley electoral produce legislaturas como la actual, por qué no mejorarla aprovechando el debate de la financiación singular?

PP y PSOE (partidos nacionales) tienen la responsabilidad del conjunto de España. Han llegado a un acuerdo en el CGPJ ¿Por qué no en la ley electoral? No hace falta negociarla en Bruselas, pero si no hay más remedio… Prometo seguir insistiendo si no lo hacen.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.