Cuando el Gabinete social comunista presume de responsabilidad fiscal-presupuestaria, es básico recordar que, en 2024, se incumplirá la regla de gasto exigida a España por la Comisión Europea (CE). Aquel crecerá un 4,3 por 100 versus el límite del 2,6 por 100 establecido en las recomendaciones específicas para la vieja Piel de Toro realizadas por la CE. Cumplir ese objetivo hubiese obligado a adoptar medidas de contención del gasto y o de incremento de los ingresos por importe de 10.700 millones de euros; esto es, del 0,7 por 100 del PIB; esto es, una estrategia restrictiva frente a la expansiva acometida por el Gabinete.

Esa fuga gubernamental hacia adelante se traduce en algo evidente; a saber, frente al déficit del 3 por 100 del PIB proyectado por el Ejecutivo, éste debería haberse situado en el 2,3 por 100 del PIB al cierre de 2024. Eso no se va a producir y, en consecuencia, el aumento de los desembolsos del sector público impulsado por el Gobierno supone un deterioro de la posición de las finanzas de las Administraciones Públicas a medio plazo y eleva el ajuste necesario que habrá de hacerse para cumplir los requisitos de sostenibilidad del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal.

"El aumento de los desembolsos del sector público impulsado por el Gobierno supone un deterioro de la posición de las finanzas de las Administraciones Públicas a medio plazo y eleva el ajuste necesario que habrá de hacerse para cumplir los requisitos europeos"

El Gobierno social comunista presume y proclama como un éxito, la reducción de la ratio deuda pública/PIB. En 2024, ésta verá caer su participación en esa variable en 2,3 puntos con relación al año anterior. Ahora bien, como señala la Airef, ese recorte se ha sustentado y se sustenta en el crecimiento del PIB nominal y su descenso en los próximos años se fundamenta en un aumento del PIB potencial que se sitúa por encima del 2 por 100 en el horizonte de proyección gubernamental para finalizar en el 2,3 por 100 en 2027. Nadie, ningún organismo nacional e internacional, público o privado prevé un escenario de esa naturaleza.

Por otra parte, España tiene, tras Grecia, Francia e Italia, el mayor nivel de deuda pública de toda la UE y es con las dos últimas en donde más ha crecido ese desequilibrio desde la pandemia. Como ha señalado el Banco Central Europeo en su Financial Stability Report, es junto al Estado francés y al italiano, Grecia está aplicando un riguroso plan de consolidación presupuestaria, el que tiene mayor riesgo de tener una crisis soberana. Ante este panorama, el Ejecutivo social-comunista guarda un completo silencio, quizá recordando la célebre frase de Keynes “a largo plazo, todos muertos”.

Si en términos agregados la reconducción de las finanzas públicas a una senda sostenible es imposible con la actual política gubernamental, resulta alarmante la configuración del gasto de las AA.PP. Este se centra y se concentra en programas que no contribuyen para nada a elevar la capacidad productiva de la economía y configuran un Estado convertido en una gigantesca y derrochadora máquina de transferencias de rentas, cuya ineficacia e ineficiencia se sintetizan en una palabra despilfarro. Para ilustrar esa afirmación basta exponer algunos datos.

A finales de 2024, las prestaciones sociales en efectivo supondrán el 17,3 por 100 del PIB; la remuneración de los asalariados el 11,1 por 100; los consumos intermedios el 5,7 por 100; las subvenciones y otros gastos el 3,5 por 100; las transferencias sociales en especie el 2,7 por 100 y las prestaciones por desempleo el 1,4 por 100. Frente a ese abrumador conjunto de gastos improductivos, la inversión pública supondrá en 2024 el 2,7 por 100 del PIB. A pesar de todo eso y de la espectacular alza de impuestos registrada desde 2019, según Eurostat, España es el tercer país de la UE en el que las transferencias netas menos mejoran las condiciones de vida de las personas con menores ingresos. Pero ahí no termina la historia.

Con independencia de la inexorable presión alcista sobre el binomio déficit-deuda de los programas de gasto estructural, España habrá de aumentar su gasto en Defensa, el menor de todos los Estados miembros de la OTAN hasta el 2 por 100 del PIB. De acuerdo con los datos de esa organización, los empleos en ese capítulo se situarán al cierre de este año en el 1,3 por 100 del PIB. Esto supone unas necesidades de gasto en los próximos ejercicios presupuestarios de unos 10.700 millones de euros para cumplir con las exigencias de la OTAN; un ligero problema…

Ante esta situación, la única ventaja del Gobierno, no de España, es que una crisis de deuda se llevaría por delante la Unión Monetaria. En otras palabras, la coalición social comunista puede recurrir al chantaje para proseguir por la senda de la irresponsabilidad financiera, el cuento del “demasiado grande para caer”. Ahora bien, ese siempre termina mal porque hay un último juez sobre la solvencia de una economía: los mercados.