Las dos últimas chapuzas han sido la de las pensiones y la vivienda. Dos problemas en los que medida tras medida dificultan su solución y la agravan cada vez más.

En las pensiones, el Gobierno dice que el acuerdo tripartito (Gobierno, sindicatos, patronal) es un nuevo éxito del “diálogo social”. Un diálogo social que en realidad intenta ser un trágala a la patronal por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La patronal ha firmado porque el acuerdo es un pequeño (pequeñísimo) avance en la liberación de los pensionados para que puedan trabajar. En un país que tiene una pirámide de población invertida, cualquier pega para que el pensionado trabaje es un error. En el nuevo acuerdo se amplía la posibilidad de la “jubilación activa”, por eso la patronal lo firmó. Pero lo que habría que hacer es liberalizar totalmente la compatibilidad de recibir una pensión con el trabajo profesional.

En España se puede dar la paradoja de que un rentista pueda compaginar su pensión con un abundante ingreso de alquileres o rentas financieras. Pero no se puede compaginar con rentas de trabajo, salvo renuncia a la mitad de la pensión o tener un empleado si eres autónomo.

Lo que habría que hacer es liberalizar totalmente la compatibilidad de recibir una pensión con el trabajo profesional

¿Por qué? Por la mentalidad estrecha de los sindicatos y la radical vicepresidenta, que piensa que si uno trabaja le está quitando el puesto a otro. Una tontería propia de quienes no saben nada de economía productiva. Cuando un pensionado trabaja, paga más impuestos, consume más y, en consecuencia, crea oportunidades de trabajo para otros. Se debe poder ser pensionado (porque se cotizó) y no estar jubilado.

Por tanto, el acuerdo de pensiones es una chapuza por incompleta.

También dicen que se asegura el cobro de la pensión. Aparte de que ningún político se atreverá en el futuro a tocarlas, la realidad es que para asegurarlas lo que hay que hacer es equilibrar las cuentas de la Seguridad Social en materia de pensiones.

Sólo se hace de verdad alargando la edad de jubilación y no con incentivos, sino dejándola en los 70 años, con las excepciones adecuadas por la penosidad de cada trabajo. Si los funcionarios pueden estar hasta los 70, ¿por qué no otros profesionales que hacen trabajos similares?

La otra chapuza es la política de vivienda. Se limitan a poner trabas a los propietarios, cuyo 92% son ciudadanos particulares que han ahorrado toda su vida para poder tener ingresos adicionales, a veces para su pensión. No se dan cuenta de que el mercado es inmisericorde y sus medidas lo único que hacen es limitar la oferta, con lo que suben los alquileres y los precios de venta.

¿Cuándo se darán cuenta de que lo que hay que hacer es proteger a los propietarios, aumentar la oferta de suelo edificable, favorecer a promotores inmobiliarios y constructores para aumentar la oferta y, así si bajarán los precios o, al menos, no subirán?

El mercado es inmisericorde y sus medidas lo único que hacen es limitar la oferta, con lo que suben los alquileres y los precios de venta

Si hay familias en riesgo de exclusión son las Administraciones públicas las que deben cuidar de ellas. Para eso, entre otras cosas, se pagan los impuestos. La oferta de vivienda social pública española es escasa y de mala calidad. Debería ayudarse a los ayuntamientos para que aumentaran esa oferta.

Afortunadamente, el Gobierno ha fracasado en su última chapuza: la ley para limitar los alquileres temporales. Si se hubiera aprobado en el Congreso (no se hizo gracias al cambio de voto de Junts) se hubiera vuelto a reducir la oferta. ¡Es que no aprenden!

Propongo que los ministros vayan a unas clasecitas de “principios de economía 1º” para que les expliquen eso de: la “oferta y la demanda”; la creación de puestos de trabajo con más trabajo; la ventaja de una economía de mercado para crear riqueza; el aumento de ingresos tributarios si se bajan los tipos impositivos porque se crea trabajo y riqueza, y la posibilidad de emplear ese aumento de impuestos en las verdaderas necesidades de los ciudadanos (incluyendo protección en vivienda de las familias en riesgo de exclusión).

¡Ah! ¿Pero el presidente no es doctor en economía?

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.