Junto a la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, Ayuso ha enviado una misiva a la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, alertando de las graves consecuencias que tendrán las próximas reglas del Plan Hidrográfico del Tajo y mostrando su "preocupación por la deriva de la política hídrica". Otro conflicto entre comunidades que, en esta ocasión, ha liderado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Los gobiernos de las cuatro Comunidades Autónomas, que representan a 22 millones de habitantes, ya interpusieron demandas ante el Tribunal Supremo por la modificación de los caudales ecológicos del Tajo y la reducción de las concesiones.

Tras la cumbre celebrada este lunes 29 de julio, han decidido enviarle dicha carta a la ministra en la que trasladan su intranquilidad ante la repercusión que tienen estas políticas en sus territorios. Una iniciativa que ha contado también con el respaldo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

En el escrito recuerdan que el problema endémico del agua ha empeorado por las condiciones climatológicas adversas. "Una situación que se ha agravado en los últimos meses fruto de la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo y el incremento de los caudales ecológicos, asunto ya debatido y llevado a los tribunales por entender que se trata de una decisión poco motivada técnicamente y con unas consecuencias irreversibles para aquellos que necesitamos de aportes extra para garantizar el abastecimiento en los hogares, las industrias y el riego de los cultivos que surten de productos de calidad a toda Europa".

Según trasladan las cuatro regiones, la aprobación de dicho Plan no puede ir en contra de la posibilidad de abordar una planificación hidrológica nacional, pero la realidad es que el Gobierno de España ha permitido que un plan de cuenca invada y se apropie de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura y sus dos asociados, el Tajo-Segura y Tajo-Guadiana.

A su vez, ven un problema que cada demarcación adopte de manera unilateral sus propias decisiones: "No es imaginable que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya adoptado estas decisiones sin el conocimiento y consentimiento del Gobierno de España, del que jerárquicamente depende".

También consideran que el plan es un caso y culpabilizan al Ministerio de Ribera por "haber dado lugar a la lamentable situación actual, con planes aprobados incompatibles entre sí".

"Lo que sí queda patente es que conllevará una reducción de 100 hectómetros cúbicos anuales de envíos a las zonas más necesitadas, así como modificaciones concesionales relevantes para el consumo", denuncian los firmantes. Por ello han trasladado a Teresa Ribera que van a agotar los recursos interpuestos en vías judiciales si fuese necesario ante el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua por parte de su Ministerio. 

Por otro lado, han insistido en su disposición a realizar un trabajo técnico conjunto para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación del Trasvase.