El PSOE de Madrid se ha tropezado este lunes con el 'caso ITV', que involucra a la polémica exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y a otros exconcejales del partido en el municipio. La jueza de Instrucción número 1 de Móstoles ha abierto juicio oral contra todos ellos por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por condonar una deuda de 2,4 millones a una empresa a la que se adjudicó la Inspección Técnica de Vehículos. 

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el secretario general del PSOE-M ha indicado que, "como viene diciendo desde hace dos años y medio", cuando se le abre juicio a un militante se traslada el expediente "automáticamente" a la Comisión Federal de Ética y Garantías. Será este órgano del partido el que, en palabras de Lobato, "tome las decisiones que corresponda". 

"En este caso y en cualquiera en el que se produzca una apertura de juicio oral, vamos a hacer exactamente lo que dije hace dos años y medio (...) que es tramitar el expediente a la Comisión de Garantías y es lo que vamos a hacer en todos los casos que haya", ha manifestado. 

Después de subrayar que la "coherencia" es "fundamental en política", el dirigente socialista ha defendido que, ante este tipo de casos, se actúa "sin excepción".

"Vengo siendo tan coherente que incluso con los casos del PP, como el de Ana Millán, imputada todo este tiempo, no se me ha ocurrido abrir la boca para criticar ni denunciar ni poner en evidencia nada porque no se le había abierto proceso judicial. Eso es la coherencia: hacer lo mismo con los tuyos que con el de enfrente", ha agregado.

En el auto, en el que la magistrada dicta la resolución por la que la socialista se sentará en el banquillo de los acusados, se requiere que los implicados abonen de forma conjunta una fianza de 817.453 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecunarias que se deriven del proceso, informa Europa Press. 

La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada presentó en abril su escrito de acusación en el que reclamó doce años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles y ocho exediles. El fiscal les acusa de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.

El pasado mes de febrero, la jueza que instruyó el caso dictó el auto por el que acordaba continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados, entre ellos también un funcionario y un empresario.

En la resolución, la magistrada subrayaba en primer lugar que resulta "obvio" el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre e 2020.

Dicho acuerdo aprobó por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.