El rescate de Julen en Málaga y las “incidencias” de la Cámara de Cuentas a los contratos de la Junta

Un informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el que se analizan las actuaciones de emergencia contratadas y desarrolladas por la Junta de Andalucía y sus entidades en los años 2018 y 2019, cuantifica en casi 664.000 euros el coste de los trabajos que se ejecutaron en el rescate del pequeño Julen.

El documento, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, detalla tanto el número de empresas que participaron en el dispositivo como las cuantías abonadas por la Administración regional a las mismas. 

En total fueron 19 las adjudicaciones realizadas a empresas. La de mayor cuantía, por 202.370 euros, correspondió a Excavaciones Alejasa. Una suma a la que le siguieron los 120.930 euros abonados a Teefesan; los 95.570 euros a Perforaciones Expoa; los algo más de 28.000 euros a Randal Systems Elec Cont Integral, y los 25.070 euros a Grúas Adolfo Álvarez.

Pese a reconocer la situación de urgencia con la que se intervino, como consecuencia de la caída al interior de un pozo en Totalán del pequeño, el ente fiscalizador expresa "incidencias" en el procedimiento. 

No por el objeto de las obras ni porque las mismas se desarrollasen sin los trámites de contratación propios de otro contexto, sino porque tras el desgraciado acontecimiento no se formalizaron por escrito los contratos ni fueron publicados.

"Recordemos que la relajación de los requisitos procedimentales en la tramitación de emergencia tiene por finalidad la inmediata ejecución de la prestación contratada, pero ello no excluye que, a posteriori, puedan llenarse las exigencias de los principios de publicidad y transparencia, razón por la cual parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en que se acuda a la contratación verbal, se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y formalización del contrato", se menciona expresamente en el documento.

De este modo contesta la Cámara de Cuentas de Andalucía a la alegación formulada por la Junta, finalmente, no admitida, ante los apuntes realizados. En su argumentación, el Gobierno andaluz relata el devenir de los hechos que concluyeron con la muerte del pequeño Julen.

Los mismos se iniciaron el 13 de enero de 2019, cuando una llamada al 112 alertó de la caída del niño dentro de un pozo, en Totalán. Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, se indica, se procedía a “aclarar de quién era la competencia”. No fue hasta el 18 de enero, tras informe del Gabinete Jurídico, cuando se determinó que la misma recaía en Junta de Andalucía, pese a que había otras tareas propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Las actuaciones de rescate precisaron de la intervención de bomberos, de numerosos expertos en distintos ámbitos, de empresas especializadas, un equipo de salvamento minero desplazado expresamente a la zona, expertos en espeleología, supuso afectación al tráfico por el desplazamiento al lugar de maquinaria pesada, etc.", se detalla en la alegación.

Asimismo, se incide en que el suceso, que "sobrevino de forma accidental", requirió de una actuación rápida de los poderes públicos "con todos los medios técnicos y humanos posibles, tanto públicos como privados, para que con la mayor rapidez y eficacia se lograse rescatar al menor con vida". "No era posible detenerse a cuantificar de antemano ni el coste de los trabajos, ni las actuaciones o empresas implicadas en las actuaciones", se insiste.

Fue de manera posterior cuando, según aduce la Junta, se recabó el coste de todo lo realizado. Se destaca que hubo profesionales o empresas que prestaron servicios "sin pedir contraprestación alguna, de forma altruista". 

Trabajos controlados

Los trabajos fueron controlados por un técnico de la Delegación de Fomento, que supervisó todos los días las actuaciones y que controló, una vez presentadas las facturas, que el importe facturado correspondía a los trabajos que se hicieron. Antes de la conformidad a las facturas, tuvo en cuenta que el coste era acorde a los precios de mercado.

Todo ello "generó las incidencias en el procedimiento detectadas en el informe provisional, porque por la dinámica de las actuaciones, no fue posible dar publicidad en el perfil del contratante, tampoco se pudieron acordar en el inicio de ejecución de los trabajos, porque las órdenes partían de otra Administración, y se iniciaron de inmediato y sobre la marcha se iba decidiendo cómo actuar, y por último tampoco hubo formalización del contrato administrativo, la única formalización o perfección del contrato fue la presentación de las facturas correspondientes a los trabajos o servicios prestados".

Análisis de los contratos

El proceso de contratación en el rescate de Julen, en cualquier caso, es uno más de los analizados por la Cámara de Cuentas en su informe. El mismo ha fiscalizado una muestra de 46 actuaciones de emergencia, que ha comprendido un análisis de 101 contratos, por valor de 47,2 millones de euros. La selección representa el 55,49% del número total de los expedientes tramitados en los ejercicios 2018 y 2019 y el 54,31% de la cuantía comprometida. 

De acuerdo con el informe, Sevilla acaparó 53 actuaciones, el 29,12% de todas las llevadas a cabo por la Junta en esos ejercicios, con una suma económica de 30,8 millones de euros (el 35,48% del total). Le siguió Málaga, con 41 intervenciones (el 22,53%), valoradas en 13 millones de euros.