El Ayuntamiento de Málaga ha pedido al Juzgado de Instrucción 14 de Málaga que cambios en la administración judicial del Málaga CF, para que el actual administrador, José María Muñoz, no sea el encargado de administrar todas las sociedades sometidas a dicho régimen.
Así lo ha pedido el consistorio en un escrito junto a BlueBay, los pequeños accionistas (APA) y Lout Gestion, personados contra el máximo accionista, el jeque catarí Abdullah Al Thani y sus hijos Rakan, Nayet y Nasser.
El Málaga está intervenido judicialmente desde el 20 de febrero de 2020 al admitirse a trámite una demanda de la APA contra la familia Al Thani por presunta apropiación indebida, imposición de acuerdos abusivos, administración desleal y blanqueo de capitales.
En la actualidad, el Juzgado está próximo a dictar el auto de conclusión de la fase de instrucción de la causa y, además, lo está la fecha en la que ha de decidirse sobre la procedencia de prorrogar la administración judicial acordada en su día.
Por todo ello, las partes, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, presentan al Juzgado alegaciones sobre la administración del Málaga y, como medida cautelar, de las sociedades vinculadas al club malagueño como Nas Football SLU, Nas Spain 200 SL y Nasir Bin Abdullah & Sons SL.
"La finalidad de dicha medida era, por un lado, privar a los investigados de sus poderes de administración sobre las mencionadas entidades a fin de neutralizar la actividad indiciariamente delictiva" y "evitar perjuicios a los trabajadores y accionistas del club, así como a otras personas que pudieran ser titulares de intereses legítimos", según el escrito.
Además, las peculiares circunstancias de la entidad malaguista "han ocasionado que la administración judicial haya tenido que adoptar una serie de decisiones que exceden del ámbito puramente económico-financiero y se adentran en el terreno deportivo (cambios de entrenador, decisiones sobre fichajes o traspasos de jugadores, etc.)".
Por este motivo, las partes piden que "se considere conveniente el mantenimiento de la administración judicial", pero "con personas distintas en cada una de las entidades sometidas a dicha administración" para evitar eventuales "conflictos de intereses y de dotar de la máxima transparencia y objetividad a la gestión económico financiera del club de fútbol"