Málaga vuelve a exigir la demolición de una obra ilegal acometida hace 15 años

El Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a exigir este verano la demolición de un chalé ilegal de más de 800 metros cuadrados en Churriana. Se trata de una construcción que, según los expedientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, está levantada sobre suelo clasificado para recursos hidráulicos. Además, se alza sobre suelos no urbanizables y de especial protección según el PGOU de 2008.

En septiembre de 2006, hace quince años, se publicó la primera resolución para suspender la construcción, sin embargo, nunca se llegó a ejecutar. En este sentido, desde Urbanismo se han dictado diferentes resoluciones para echar abajo la construcción que, hasta la fecha, nunca han sido llevadas a efecto. 

Menos de un año después, en junio de 2007, es cuando se solicita por primera vez la demolición de las obras realizadas y en 2009 el procedimiento administrativo había caducado sin haber llevado a efecto la solicitud de Urbanismo. En en septiembre de ese mismo año cuando se incoa un nuevo procedimiento para que el propietario de la parcela construida restableciera los terrenos a su situación original, volviendo a solicitar la demolición en 2010.

Lejos de demoler, los propietarios añadieron una nueva construcción de casi setenta metros cuadrados y realizaron un muro perimetral de 30 metros, algo que descubrieron los técnicos municipales en una visita en 2011. 

Aún en pie, en 2014 se suspende el procedimiento anterior y se incoa uno nuevo en el que vuelven a exigir su demolición. Sin efecto, en 2018 vuelven a visitar el terreno y los técnicos comprueban que sigue en el mismo estado que en 2011.

En la última comunicación a los propietarios, Urbanismo valora el precio de las obras en casi 390.000 euros y exige la demolición de todas las obras realizadas y que suponen la ampliación en más de 830 metros cuadrados, así como el anexo de 68 metros. Para ello, el plazo de inicio de las obras de demolición era de tres semanas a contar desde la recepción del requerimiento y, además, estas actuaciones deberían terminar dos meses después.

En caso de no demoler la finca, el propietario se enfrenta a hasta a una multa al mes durante un año de 33.800 euros cada una. Tras quince años de informes, alegaciones y solicitudes, el Ayuntamiento apenas ha tenido en cuenta las peticiones de la propiedad, quien "parecía actuar con la tranquilidad del que realiza actuaciones conforme al ordenamiento urbanístico" y planteaba cuestiones que "tendrían alguna lógica para una edificación regularizada", sin ser este el caso.