Cuando a finales de 2021 la empresa Dazia cerró la compra de la sociedad Vitrubio y, por ende, de varios bloques de viviendas en el barrio de El Perchel, ya sabía que su apuesta por demolerlos y levantar nuevos edificios no iba a ser un camino de rosas. Los responsables de la compañía eran conocedores de que la adquisición de los inmuebles se hacía con casi medio centenar de vecinos en su interior. Todos en régimen de alquiler y, algunos, con contratos de renta antigua.

Conscientes de todo ello, desde hace días, lanzan mensajes de acercamiento, mostrando su voluntad de encontrar puntos de entendimiento con los afectados. Lo que se ignora, por el momento, es si ello incluye la puesta a disposición de los damnificados alternativas residenciales que cumplan el requisito sine qua nom que han puesto sobre la mesa: seguir viviendo en el barrio. "Es un proceso lento y que estamos intentando hacer con calma y cuidado", afirman desde Dazia. 

Pero en toda la polémica generada, que va a ser incluso objeto de un Pleno extraordinario por exigencia de PSOE y Unidas Podemos, hay dudas más que razonables. Asuntos que podrían resumirse en: ¿Hasta dónde ampara la ley a la empresa promotora? ¿Puede, como ha anunciado, no seguir prorrogando los contratos a parte de los alquilados?

La complejidad de la resolución, que se antoja larga en el tiempo, es evidente. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga apuntan de inicio una clave que puede resultar clave. "Dazia no compró los edificios sino la sociedad que era propiedad de esos edificios", señalan. Esta matización supone, a ojos de estas fuentes, que no tiene obligación de informar con un plazo anticipado de la operación de compraventa.

Al tiempo diferencian, con los matices necesarios, entre los inquilinos de renta antigua, que cuentan con contratos firmados antes de la Ley de Arrendamiento de 1985 y de aquellos cuya relación con la propiedad es posterior.

El primero de los escenarios es aplicable, indican otras fuentes, a unos "17 o 18 vecinos". Y, por lo que indican, legalmente les asiste la razón a la hora de recibir o una indemnización económica ajustada a sus años de residencia en los pisos o un realojo por parte de la promotora. No parece que Dazia prevea una solución diferente, a tenor de las declaraciones realizadas por su gerente, Leticia Pérez.

¿Pero qué ocurre con los que firmaron sus contratos después de ese año? Aunque hay sentencias que han amparado los derechos de inquilinos en circunstancias semejantes, obligando a la Justicia a que sean compensados, en términos generales puede concluirse que la propiedad puede tomar la decisión de no seguir renovando sus contratos de alquiler.

Y es justamente esta la línea de acción emprendida. Ejemplo de ello son los primeros burofaxes enviados a varios de los damnificados a los que les vence el alquiler el 1 de marzo. En la comunicación enviada, Vitrubio, en calidad de sociedad que sigue manteniendo la explotación de los edificios, subraya su negativa a renovar los contratos.

Nada tiene que ver esto con lo sucedido con otra vecina a la que, por error, se le notificó la necesidad de abandonar su casa con fecha 1 de febrero. La propia compañía ha alcanzado un acuerdo con la inquilina para ampliar el alquiler hasta la misma fecha de 2023.

A estos dos grupos de afectados hay que sumar un tercero: el de los que okupan de manera irregular varios de los pisos. En concreto, según las fuentes, "puede haber unos 20 o 21". La suma de los tres grupos hace que sólo haya poco más de 70 de las 158 viviendas habitadas.

¿Qué ocurre con el resto? "Están tapiados", añaden. "Conforme los contratos que había fueron finalizando o los inquilinos que había murieron, la empresa decidió tapiar las viviendas para evitar que fuesen okupadas de manera irregular", recalcan.

El Ayuntamiento rechaza construir viviendas para los vecinos

A los aspectos legales de las dos partes implicadas hay que sumar ahora la vertiente política. Desde el Ayuntamiento muestran su disposición a colaborar con los inquilinos y realizar una labor de mediación con Dazia. De hecho, el pasado viernes, un día antes de que se reuniese con los vecinos, el alcalde, Francisco de la Torre, tuvo una conversación telefónica con los responsables de la promotora.

El equipo de gobierno asegura que estará "vigilante", pero rechaza la petición de habilitar soluciones habitacionales para los residentes. Una reclamación realizada por los grupos PSOE y Unidas Podemos y que, entre otros puntos, sustentan su reclamación de un Pleno extraordinario sobre El Perchel.

Sobre el particular, las fuentes son contundentes al negar la posible construcción de viviendas de VPO dirigidas de manera directa a estos vecinos, recordando que ello supone un agravio respecto a los miles de ciudadanos que forman parte del registro de demandantes y que están a la espera de poder optar a una vivienda a precio asequible.

A lo que sí se muestra dispuesto es a colaborar con la financiación de la rehabilitación de los bloques, en el supuesto de que Dazia tuviese esta previsión en sus planes de futuro. Precisamente, los afectados llevan años advirtiendo de las malas condiciones en las que se encuentran las construcciones, sin que haya existido una acción reparadora por parte de los anteriores propietarios.