Con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la mesa, el Ayuntamiento de Málaga empieza a estudiar cómo rebajar el impacto que le supone tener que pagar 7,7 millones de euros por la expropiación de poco menos de 13.000 metros de suelo en el entorno de Camino Nuevo. 

Si bien el fallo judicial ha visto la luz el pasado 8 de abril, el motivo de la misma se remonta a 2009, cuando se formalizaron las primeras actas de justiprecio para la enajenación de una parcela que según el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 tenía que ser destinada a un sistema de espacios libres.

Y ¿cuál es la primera opción que maneja la Gerencia de Urbanismo? Plantearle la devolución del terreno a la empresa que era propietaria, Capel Sur. Así lo ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien señala que es la primera de las posibilidades objeto de estudio ante el varapalo judicial.

El edil explica que la reversión del bien es factible desde el punto de vista legal por cuanto se ha producido una variación significativa en el planeamiento respecto del solar. De ser un sistema de espacios libres, con la previsión de ser una zona verde de dudosa utilidad, a estar recogido en el planeamiento vigente como zona comercial, aunque junto con otros terrenos ya propiedad municipal.

"Le vamos a comunicar a los propietarios la posibilidad de revertir el bien", ha indicado. Aunque se va a trabajar en esta línea, el propio edil admite como probable que la respuesta de la mercantil, que llegó a exigir al Ayuntamiento 49 millones de euros, decline el ofrecimiento. 

Un supuesto que forzará al municipio a abrir otras alternativas, como la de impulsar de manera directa la ordenación de este sector. La ficha recogida en el PGOU delimita este espacio dentro de SUNC-R-LE.8 Camino Nuevo, con una superficie completa de 38.800 metros cuadrados y un techo edificable de 11.643 metros cuadrados.

Asimismo, se precisa la necesidad de que parte de los suelos sean cedidos como zonas verdes para el Monte Gibralfaro. Y en cuanto a la edificación comercial-terciario, se prohíbe la posible construcción de un gran centro comercial. También se apunta la necesidad de que el uso comercial no incorpore ningún establecimiento de superficie superior a 2.500 metros.

El precio finalmente marcado por el TSJA multiplica por 6 la tasación realizada por los técnicos municipales, que cuantificaron el valor a abonar en poco menos de 1.250.000 euros. En medio puede situarse la valoración que llegó a marcar la Comisión Provincial de Valoraciones, que habló de casi 4,7 millones.