La polémica operación residencial proyectada por la promotora Dazia en una de las manzanas del popular barrio de El Perchel, en Málaga capital, sigue sin disponer de un calendario claro de materialización. Y, por ende, de una demolición que debe permitirles levantar del orden de 180-200 viviendas de nuevo cuño a escasos 10 minutos al pie del Centro urbano y a pocos metros de la estación de trenes.

Más de un año después de que la firma madrileña se hiciera con la propiedad de varios inmuebles de la zona, localizada en un punto estratégico de la capital de la Costa del Sol, el impulso de la iniciativa empresarial sigue bloqueado y a la espera de allanar el proceso de negociación con los inquilinos que habitan en régimen de alquiler estas viviendas desde hace décadas.

Es justamente el perfil social de esta iniciativa empresarial el que viene marcando desde su origen la propuesta. Pese a que la voluntad expresada públicamente por la promotora ha sido la de "ir casa a casa" para hablar con los residentes y encontrar puntos de entendimiento, la realidad es que el asunto sigue sin estar resuelto. 

A preguntas de EL ESPAÑOL de Málaga, la directora general de Dazia, Leticia Pérez, admitía la ausencia de novedades en el proyecto. "Todo sigue igual", respondía cuando se le interrogaba sobre posibles plazos para poner en marcha la actuación. 

Un mensaje que se mantiene cuando se le interpela sobre los acuerdos ya alcanzados con los inquilinos. "Es un tema delicado, no puedo dar esa información; en cuanto al calendario, es imposible tenerlo. Todo con calma y tranquilidad".

Con el paso de los meses, la rebaja de la tensión con la que en un origen estalló esta operación es evidente. Los propios vecinos de las manzanas amenazadas con la demolición futura así lo confirman.

Francisco Gutiérrez, quien fuera Defensor del Ciudadano en la provincia de Málaga, viene actuando desde hace meses a modo de representante de buena parte de estos residentes. "Ahora mismo no vamos ni para atrás ni para adelante", asegura de manera resumida. Y esta no es una mala noticia.

Los vecinos reafirman su posición de acuerdo

Muy al contrario, sienta las bases para reafirmar la posición vecinal de encontrar vías de solución "no dramáticas", como sería el desalojo forzoso de los alrededor de 30 inquilinos implicados. De hecho, pese a que desde la empresa se llegó a plantear el desahucio judicial de dos de los vecinos, el proceso, según Gutiérrez, quedó paralizado tras la oposición del colectivo.

El representante, incluso, se muestra optimista con el devenir de los acontecimientos futuros. "Hay disposición a encontrar puntos de entendimiento con la empresa", se reafirma. El mensaje constata una moderación en el discurso inicial de los afectados. "Hay que entender la posición de los vecinos al principio, que se encuentran que después de 20 años viviendo en el mismo sitio les dicen que en 15 días tienen que dejar sus casas", argumenta.

"La tensión, los nervios, no dormir, las pastillas tranquilizantes; ahora parece que la cosa se ha relajado y los vecinos ven que no hay la premura inicial", añade. En cualquier caso, la posición vecinal sigue siendo la de defender su estatus actual y no dar pie para que la promotora pueda, en un momento determinado, reclamar en los tribunales el desalojo.

Con este objetivo, cuenta Gutiérrez, desde hace algunos meses los vecinos, conforme han recibido la notificación de no renovación de los alquileres, acuden a la oficina de cobro de las rentas para depositar la mensualidad correspondiente, que puede rondar los 300 euros de media. Y ante la negativa del administrador a recoger el dinero, esa suma se deposita en el juzgado a modo de "consignación de renta".

"De este modo evitan un posible desahucio por impago; todos los vecinos están al día de sus pagos, nadie debe mensualidades", recalca el representante, quien apostilla recordando las palabras de un afectado: "Aunque me quite el bocadillo la mensualidad la pago".

De acuerdo con los datos manejados, hay cerca de una treintena de familias con contratos modernos, lo que da pie a la empresa a no renovar los contratos de arrendamiento; otra decena de inquilinos disponen de renta antigua, lo que blinda su estatus y obliga a Dazia a establecer un acuerdo. Esa solución pactada, según indican, ha sido alcanzaba ya por 2 o 3 de los vecinos.

Gutiérrez confirma, además, un nuevo movimiento político en defensa de los vecinos. Por medio del PSOE, el tema va a ser objeto de debate en el Parlamento andaluz, en el que se presentará una pregunta para reclamar la intervención de la Junta de Andalucía. Sobre ello, el representante de los residentes recuerda la posibilidad de que desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se busquen posibles soluciones habitacionales para las familias.