“Ha llegado la hora de adoptar medidas para gestionar la crisis de los refugiados”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el discurso sobre el Estado de la Unión el 9 de septiembre. Se trata de habilitar medidas legales y seguras que eviten las travesías mortales a las que se arriesgan las personas que huyen de la guerra, la persecución, la pobreza y el caos.
1. Normas obligatorias
El asilo es un derecho fundamental y su concesión una obligación internacional con arreglo a la Convención de Ginebra de 1951. Desde 1999, la Unión Europea trabaja en la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo para establecer un espacio de protección y solidaridad compartido, basado en un procedimiento y un estatuto uniforme para estas personas en peligro.
“Estamos legislando, pero hay que aplicar en su totalidad estas normas, algo que no está sucediendo”, lamenta Juncker. Sólo cinco estados miembros aplican correctamente la legislación comunitaria en materia de asilo. Ninguno es España. Hasta el momento hay setenta y cinco procedimientos de infracción abiertos por este motivo.
“Los estándares mínimos están regulados, pero no están funcionando porque cada estado miembro aplica un sistema de asilo distinto”, asegura la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), María Jesús Vega. Uno de los procedimientos abiertos contra España es por no adaptar la Directiva que armoniza criterios básicos como los que determinan quién debe ser considerado refugiado y, por tanto, ser protegido.
“Europa tiene que llegar a un acuerdo para poner en práctica una política común. Tienen que establecerla ya, con normas obligatorias y competencias distribuidas”, concluye Fernando Mariño, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
2. Acelerar los trámites de asilo
La acogida en las embajadas es posible. Implica otorgar asilo de facto, como ocurre con el caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks, en la embajada de Ecuador en Londres. Cuestión distinta es la capacidad, o incapacidad, de embajadas y consulados para acoger a un gran número de personas, como serían todos los sirios que huyen de la guerra.
Los embajadores no tienen competencia para conceder asilo. “En la práctica no están concediendo un pasaporte que les permita llegar a un país seguro para solicitar asilo. Les dicen: nosotros no se lo podemos dar, pero vamos a enviar su petición a la capital y ahí van a estudiar su caso”, explica Fernando Mariño, miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
Ante el retraso en la respuesta, el silencio o la negativa, muchas personas deciden alcanzar por su cuenta, o recurriendo a los traficantes de personas, las fronteras europeas.
Aunque algunas normas dejen abiertos pequeños resquicios, en la práctica estas personas sólo pueden solicitar asilo si llegan a la frontera del país Europeo en cuestión, lo cual se desprende del artículo 3 del Convenio de Dublín.
Sólo pueden pedir ayuda en las embajadas localizadas en terceros países de los que no sean nacionales, según el artículo 38 de la Ley de Asilo española. Así, los sirios, para pedir asilo en España, tendrían que trasladarse a otro país donde haya representación española. No pueden solicitarlo en Damasco.
Fernando Mariño cree que la situación podría mejorar si se estableciesen en el extranjero embajadas específicas ad hoc, delegaciones u oficinas de la Unión Europea en los países en conflicto que se encargasen de las solicitudes directamente: “Si se pusieran de acuerdo, podrían habilitar las embajadas para acelerar los trámites de asilo y tomar todas las medidas necesarias para proteger a estas personas”.
“De ese modo, estas personas vendrían al continente europeo con su solicitud de asilo ya hecha y no se arriesgarían a todo lo que estamos viendo”, apoya José Javier Sánchez Espinosa, director de inclusión social en Cruz Roja.
3. Visados
Para viajar a un país europeo legalmente, necesitan un pasaporte y un visado.
En estos momentos, las embajadas ofrecen un visado común para todos, sin diferenciar en función de las circunstancias personales de cada uno. Sánchez Espinosa explica que éste “exige acreditar recursos económicos, demostrar que tienes intención de volver a tu país, mostrar billete de ida y vuelta, tener un seguro médico”. Unos requisitos que ningún asilado puede probar, partiendo de que estas personas no pueden volver a su país sin arriesgar su vida, su integridad física o moral. “Por eso, cuando estas personas solicitan un visado normal, se les deniega”, concluye Cruz Roja.
En busca de una protección más amplia, se proponen los visados por razones humanitarias. Este permiso se concedería siempre que exista un conflicto armado (como el de Siria) o un peligro grave para la seguridad (las amenazas del Estado Islámico), sin necesidad de demostrar que existe un riesgo específico y personal (como la muerte). Este visado les permitiría llegar a nuestro país, o a suelo europeo, de forma legal. Una vez aquí, solicitar asilo.
Pero lo que está ocurriendo es lo contrario, explica Sánchez Espinosa: “Están obligados a entrar de forma irregular. Están pagando un precio muy alto a los traficantes de personas, cuando, con ese dinero, si tuvieran un visado, se podrían pagar un vuelo a Europa”.
4. No romper las familias
A las mesas de ACNUR se acercan unos padres que tienen a sus hijas, ambas menores de diez años, solas en Jordania. A ellos no les dejan moverse. No pueden reunirse. También un hermano que, por haber cumplido dieciocho años, no puede estar con su familia.
La portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, María Jesús Vega, apuesta por una reunificación flexible y ágil.
Flexible.
Reformando el Convenio de Dublín, el cual establece que el solicitante está obligado a tramitar su asilo en el primer país europeo que pisa, aunque no quiera quedarse en él. Esto da lugar a devoluciones muchos años después: “El país en el que te asientas, que sabe que has pasado por uno anterior, te devuelve al primero. Hay refugiados establecidos en un país junto a decenas de familiares durante más de diez años, que trabajan, que tienen casa, y que son devueltos al primer país por el que pasaron, donde ni ahora ni nunca tuvieron absolutamente nada ni a nadie”.
Ágil.
“No puedo esperar tres años a que venga mi mujer y mi hijo porque para entonces puede que estén muertos por una bomba en Siria, o puede que a mi hija la hayan dado en matrimonio para dar de comer al resto de la familia si está en Jordania o en Líbano”, continúa la responsable de ACNUR.
Para Fernando Mariño este es un factor determinante, sobre todo si se trata de niños pequeños o mujeres embarazadas: “No romper la unión familiar es un principio de humanidad”.
5. Acogerlos con los brazos abiertos
La Comisión Europea propuso en un principio establecer un mecanismo permanente de reubicación y fijar cuotas de reparto obligatorias por países. En este punto hay que diferenciar entre reubicación y reasentamiento. Reubicar es trasladar hasta un país de la Unión Europea a aquellas personas que ya están dentro de la Unión. A refugiados que ya han llegado y que se encuentran en los principales países de entrada a Europa.
Son las 160.000 personas a las que los estados miembros deben “recoger con los brazos abiertos”, dijo Juncker. Los 120.000 de Grecia, Hungría e Italia, y los 40.000 más que ya solicitaron protección en mayo y cuya reubicación fue aprobada el 14 de septiembre.
Una mayoría cualificada ha llegado también a un acuerdo para el reparto en dos años de los 120.000. Un acuerdo al que se oponen Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia. Éstos no están dispuestos a cumplir con lo adoptado y recurrirán la decisión.
Ya hay acuerdo también para los 120.000, aunque con el voto en contra de Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia. El primer año se trasladará a 66.000 personas procedentes de los centros de acogida de Grecia (50.400) e Italia (15.600). En un segundo año se reubicarán las 54.000 restantes.
El Alto Comisionado de la ONU advierte de que las 120.000 personas sólo equivalen al número de refugiados que llegan a Europa en veinte días. Nuria Díaz, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), insiste en la necesidad de que éste sea un mecanismo permanente, y no puntual, para evitar “discusiones eternas cada vez que nos encontremos con esta situación en nuestras fronteras mientras al otro lado haya vidas humanas en riesgo”.
6. No son números
“Estas personas tienen que ser escuchadas. No se puede hacer una tabla de excel y enviar a unas personas para un lado y a otras para el otro sin ningún criterio”, señala la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), María Jesús Herrera, quien apuesta por que sean organizaciones como la suya quienes identifiquen y determinen quiénes son los más vulnerables y a dónde deben ir.
¿Quiénes van a ser estas personas a distribuir en el seno de la Unión?, se pregunta ACNUR. “Si se encarga la UE, probablemente, por agilizar los trámites, se va a tratar de aquellas personas cuya nacionalidad goza de un alto reconocimiento en todos los países miembros y sobre las que existe consenso sobre su estatuto de refugiado: los eritreos, los sirios y los afganos. Los chechenos, por ejemplo, no tienen el mismo reconocimiento”, adelanta María Jesús Vega.
CEAR defiende que el reparto del número de refugiados se debe basar en la solidaridad de todos los estados por igual. Entiende que se puedan tener en cuenta una serie de criterios como la riqueza o los ingresos de un determinado país, pero insiste en que la única manera de homogeneizar el mapa consiste en trabajar para que “en todos los estados, las acogidas sean dignas, porque se les haya dotado de los medios necesarios y de reconocimientos parecidos”, reclama Nuria Díaz.
7. Personas y realidades diferentes
La OIM considera que es fundamental realizar un registro, una identificación y un análisis de las circunstancias de cada una de estas personas. Cree que es el único modo de dar garantías al proceso.
“Estamos hablando de personas y de realidades diferentes”, indica María Jesús Herrera. “Son muchas en números globales, pero dentro de Europa no son tantas: podemos permitirnos realizar una aproximación más directa de estas personas, seres humanos, víctimas de conflictos”.
ACNUR también cree que las medidas a desarrollar sólo serán exitosas si sabemos exactamente “quiénes están entrando y qué perfiles tienen” para lo que “tiene que haber una movilización de la Oficina de Asilo Europea, las agencias europeas de inmigración y de protección civil. La dimensión del fenómeno lo requiere”.
8. El 82% de los refugiados, en los países pobres
A diferencia de la reubicación, las tareas de reasentamiento pretenden trasladar a las personas refugiadas en terceros países fuera de la Unión Europea, y en los cuales no pueden permanecer por problemas de seguridad, escasez de recursos o porque necesitan atención psicosocial o un tratamiento básico que no existe. Y es que, según CEAR, “el 82% de los refugiados se encuentran en los países más pobres del planeta”.
Estos casos suelen ser detectados por ACNUR, quien propone su reasentamiento: “Hay 60 millones de personas en el mundo desplazadas por conflicto. No estamos pidiendo reasentamiento para todas, estamos hablando de una pequeña parte de esa población”.
Tal y como ha recordado Juncker, “en Líbano, los refugiados suponen el 25% de la población en un país que sólo posee un quinto de la riqueza de la que disfrutamos en Europa”. Las 160.000 personas que necesitan ayuda europea sólo representan el 0,11%.
9. La voluntad de regreso
El presidente de la Comisión Europea ha defendido la creación de una lista de países seguros como una medida que aceleraría los procedimientos de asilo “al determinar cuántos pueden volver a sus países”. “Sería una simplificación del procedimiento, que en ningún caso elimina el derecho fundamental de los solicitantes de asilo”.
La responsable de la OIM, María Jesús Herrera, interpreta la propuesta en positivo: “Es bueno tener en cuenta la voluntad de estas personas, que pueden querer regresar a su país si la situación lo permite”.
La lista de Juncker también pretende “dar prioridad a aquellos que están huyendo de países más peligrosos, como Siria”. Ante eso, Herrera apuesta por el criterio de la vulnerabilidad: “podemos aceptar que en determinadas circunstancias haya colectivos considerados más vulnerables: los menores no acompañados, los enfermos, las víctimas de trata… o los ciudadanos sirios; lo importante es que esto no vaya nunca en perjuicio del resto”.
10. El asilo no es una lotería
Aunque, como ya hemos repetido, existe una regulación común europea, la política migratoria es competencia de cada uno de los estados miembros. Si no se alcanza un acuerdo comunitario, cada uno aplica su sistema y toma sus decisiones.
“Es necesario que pedir asilo no sea una lotería”, dice la portavoz de CEAR, Nuria Díaz. Hoy no es lo mismo pedir asilo en España que en Alemania, donde el reconocimiento es mayor. Esto ocurre en los veintiocho estados, que no se ponen de acuerdo sobre quién se considera refugiado, las condiciones de acogida, los plazos de resolución, “lo cual demuestra la dirección en la que debemos seguir trabajando: en hacer realidad un sistema común europeo de asilo”.
Además, “las medidas que cada país tome de forma individual sólo agravarán el problema”, completa ACNUR, que se muestra especialmente preocupada por las reformas de Hungría, con leyes que permiten al Ejército emplear pelotas de goma y gas lacrimógeno contra los migrantes y que prevén penas de entre tres y cinco años de cárcel por cruzar de forma ilegal sus fronteras, en las que ha levantado alambradas con cuchillas.
“Ha llegado la hora de adoptar medidas para gestionar la crisis de los refugiados”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el 9 de septiembre. Se trata de habilitar medidas legales y seguras que eviten las travesías mortales a las que se arriesgan las personas que huyen de la guerra, la persecución, la pobreza y el caos.