Lejos de calmarse los ánimos, el tono de confrontación entre las instituciones brasileñas aumenta, llevándose por delante la esperanza de normalizar políticamente el país. La propia presidenta, Dilma Rousseff, ha dicho en las últimas horas que se vive una situación de "parálisis", palabra también usada por otros líderes políticos y miembros del poder judicial. Todos están de acuerdo en que la política ha condicionado el proceder en otras competencias, pero sin embargo ninguno ahorra adjetivos ni se guarda opiniones en un continuo cruce de acusaciones por los acontecimientos de la última semana.
El país asiste estupefacto a hechos a los que normalmente no tiene acceso, al volverse público algo habitualmente privado. La divulgación de las escuchas al expresidente Lula da Silva, antes de su nombramiento como ministro, descorchó la barra libre de insultos. "Tenemos un Tribunal Supremo acobardado, un presidente del Congreso jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados", le dijo Lula a Rousseff por teléfono el mismo día que fue interrogado, el pasado 4 de marzo. "Es un insulto inaceptable, manifiesto mi más absoluta repulsa, y supone una reacción torpe e indigna típica de mentes autocríticas y arrogantes”, replicó, nada menos, el decano del Supremo, Celso de Mello. Otro miembro del Supremo, Joao Otavio de Noronha, fue más allá: "Somos jueces, no recibimos regalos de empresas, no me puedo callar, muestra el carácter dictatorial de quien pronunció esas palabras", dijo visiblemente alterado.
Intentó rebajar el tono Lula a continuación, con una carta abierta, en la que dice que "los tristes y vergonzosos episodios de las últimas semanas no me harán dejar de creer en el poder judicial". Pero sin embargo insiste en que su intimidad ha sido violada al publicarse las escuchas. En eso, por si fuera poco, salió a secundarlo Dilma Rousseff: "No es válido grabar a un presidente sin autorización. En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado, y si no tiene autorización es detenido", dijo este viernes. Pero tampoco se quedó callado el juez que divulgó las escuchas, el ya célebre Sérgio Moro, responsable del caso Petrobras: "Nadie está por encima de la ley", dijo en una conferencia. En el último intercambio de golpes, hasta el momento, la jefatura de gabinete del gobierno ha emitido una nota en la que anuncia que denunciará la publicación de las escuchas.
El nombramiento de Lula
El ping-pong pasó de las palabras a las acciones después de la controvertida toma de posesión de Lula da Silva, con la suspensión cautelar por parte de un juez de su nombramiento apenas una hora después de firmar su acta de nombramiento. En 24 horas otro juez tumbó esa suspensión. Surgió otra más por parte de otro juzgado y, en la tarde del viernes, también fue anulada. Pero el propio abogado general de la Unión ha dicho que hay otras cincuenta peticiones tramitadas en primera instancia para suspender el ministerio de Lula, sin que aún hayan sido activadas. Y no hay unanimidad aún para establecer un criterio sobre si esas suspensiones impedirían ejercer como ministro al expresidente.
Al gobierno no se le termina el campo de batalla en la justicia. Tiene otro frente abierto en el Congreso. Con la comisión especial para el impeachment en marcha, ahora uno de los grandes adversarios de Rousseff, el presidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha, ha comandado él mismo una sesión extraordinaria este viernes para acelerar la marcha y que el proceso de destitución se eleve a plenario lo antes posible. No será antes de tres semanas, en cualquier caso. Antes, el 29 de marzo, se anuncia como la fecha escogida por el hasta ahora mayor aliado del gobierno, el PMDB, para abandonar el barco oficialista. A partir de ahí, la incertidumbre crece todavía más que hasta la fecha, si eso es posible.
Si en las instituciones no hay paz, en la calle tampoco. Es ese el último ring de combate para el PT, y allí la situación no es mejor. Este viernes ha quedado claro que no puede competir con el músculo mostrado hasta la fecha por los grupos antigubernamentales. Frente a los tres millones del domingo y las manifestaciones espontáneas de los últimos días, el oficialismo apenas ha llevado unas miles de personas a la avenida Paulista esta tarde de viernes, el mismo lugar donde la policía desalojó un campamento con detractores de Lula y Rousseff el propio viernes.