La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, ha aprobado este
martes tras un polémico debate el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, con la que buscan la liberación de los presos políticos, entre ellos el dirigente del partido Voluntad Popular (VP) Leopoldo López.
Con los votos de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el proyecto
de ley ha pasado un nuevo trámite en el Congreso venezolano, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ya ha advertido de que no respaldará la ley.
De hecho, la bancada 'chavista' ha rechazado este martes la normativa en un tenso debate parlamentario por considerarla un "adefesio jurídico". El diputado del Gran Polo Patriótico (GPP) Pedro Carreño ha calificado la norma de "contrabando legislativo".
La encargada de presentar el proyecto ha sido la diputada Delsa Solórzano, quien ha explicado que el texto del instrumento pasó de 45 artículos a 29 y añade que sólo beneficiará a los llamados presos políticos porque "ninguno está sentenciado por homicidio.
Durante el tenso debate diputados oficialistas y de la oposición se han interrumpido a
gritos de manera constante, llegando incluso a llegar al insulto, según ha informado el
diario venezolano 'El Universal'.
La oposición ha reiterado que la Ley de Amnistía está "llena de vicios, ilegalidades e
inconstitucionalidades" y añade que es "contraria al estado de Derecho", estableciendo "el mecanismo para la generación de la violencia en el país".
"Estamos en presencia de una reedición de lo que es el autoperdón. Los verdugos perdonándose a sí mismo, desconociendo las víctimas" ha sentenciado Carreño.
El articulado será remitido al Ejecutivo para su firma, aunque las leyes venezolanas
otorgan a la Asamblea Nacional mecanismos para promulgar leyes sin aval de la presidencia.
MADURO PROMETE VETARLA
"Tengan la seguridad que esa ley por aquí, no pasa", dijo Maduro horas antes de la aprobación en segunda discusión del pleno parlamentario. "Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán por aquí. Hagan lo que hagan", agregó en un discurso televisado.
El presidente alega, como ya hiciera su predecesor Hugo Chávez, que en su país no
hay presos políticos, sino políticos presos.
El Gobierno de Maduro podrá apelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para
rechazar la ley por inconstitucional, como lo ha hecho en varios conflictos recientes que
han enfrentado a los dos poderes, y que han resultado favorables para el Gobierno socialista.
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