Nour Khalil tenía 22 años, estudiaba Derecho y se manifestaba para que Egipto fuera un Estado secular. El 14 de mayo de 2015, varios hombres armados con uniformes del Gobierno entraron en su casa y lo detuvieron, junto con su padre y su hermano Islam. Uno de los agentes le sacó de la cama, le vendó los ojos y le esposó. Otro hombre le puso una pistola en la sien.

Cuando lo llevaron al centro de detenciones, fue interrogado sobre sus actividades políticas durante seis horas. De vez en cuando le retiraban la venda que cubría sus ojos y le preguntaban si conocía a varios hombres que salían en fotografías. Lo amenazaron con detener a su madre si no cooperaba. El 28 de mayo lo tiraron en la acera de una carretera. Si decía a alguien que había sido detenido, pondría en peligro a su padre y a su hermano, que seguían detenidos.

La madre de Nour e Islam acudió a las autoridades para preguntar por sus familiares, pero le dijeron que no siguiera investigando. El 8 de junio, el padre fue liberado. Islam siguió en prisión y fue acusado de pertenecer a un grupo terrorista. Podía enfrentarse a una pena de muerte. En el historial de su causa, se afirma que fue detenido el 20 de septiembre, por lo que los otros cuatro meses en los que estuvo detenido se encontraba en “desaparición forzosa”.

Su caso lo recogió Amnistía Internacional (AI) en julio de este año. Este martes, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la organización recoge que, desde 1980, siguen abiertos 44.159 casos en un total de 91 países. AI denuncia que estas detenciones se producen sin comunicar a las familias de las víctimas su paradero y que, a menudo, vienen acompañadas de torturas. Esta situación sitúa a la víctima en un alto riesgo de ejecuciones extrajudiciales.

EGIPTO

El caso de la familia Khalil no es el único en el país. Varias organizaciones egipcias defensoras de los derechos humanos aseguran que entre tres y cuatro personas son detenidas cada día en el país. Entre ellos se encuentran cientos de ciudadanos corrientes, estudiantes y activistas políticos que son recluidos en secreto y forzados a confesar.

AI ha denunciado un gran incremento en estas desapariciones forzadas desde el nombramiento de Ghaffar como ministro de Interior en marzo de 2015. 

MÉXICO

El caso más emblemático comenzó el 26 de septiembre de 2014. Ese día, 43 estudiantes de Magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que viajaban a México capital para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlalelolco, desaparecieron. Su misterio involucra a sicarios, policías y políticos.

La Fiscalía mexicana responsabilizó a varios policías locales de secuestrarlos y de entregarlos a una banda de narcotráfico, quien los habría matado y después incinerado. Sin embargo, en 2015, un grupo de expertos independientes de la Comisión Intramericana de Derechos Humanos desmintió la versión oficial.

En el informe que publicaron, afirman que no se quemaron los cuerpos en el lugar indicado por la Fiscalía, que existen indicios de posibles torturas a sospechosos por parte de las autoridades para asegurar confesiones y de que hubo una operación coordinada para frenar la huida de los estudiantes. Además, esta comisión de expertos denunció que las autoridades habían obstaculizado su investigación.

A finales de 2015, el Gobierno de Peña Nieto informó de que 27.638 personas estaban desaparecidas. Nadie sabía su paradero. El Ejecutivo no aclaró cuántos estaban sometidos a desaparición forzada.

SIRIA

Con la guerra, el número de desapariciones forzadas en Siria sigue aumentando. Según una investigación de AI en 2015, el Estado se sirve de secuestros para pedir rescates a sus familiares y financiarse.

La Red Siria de Derechos Humanos ha registrado al menos 65.000 desapariciones desde 2011. Además, 58.000 desaparecidos son civiles y algunos han pasado por Saydnaya, una de las cárceles más violentas del régimen.

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