El primer ministro francés, Édouard Philippe.
El Gobierno francés se saltará el voto parlamentario de la reforma de pensiones
El primer ministro francés utilizará un artículo de la Constitución para evitar la votación en la Asamblea Nacional, debido a la polémica de las pensiones.
29 febrero, 2020 19:11Noticias relacionadas
El primer ministro de Francia, Édouard Philippe, anunció este sábado que ha decidido recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el proyecto de ley de reforma de las pensiones sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional.
El recurso a ese instrumento constitucional busca desbloquear los debates en la Cámara Baja y poder avanzar en su adopción, indicó el jefe de Gobierno en una acalorada sesión ante los diputados franceses.
La reforma quedará aprobada en la Asamblea Nacional a menos que la oposición introduzca en las 24 horas siguientes una moción de censura, que los diputados conservadores ya han anunciado que no descartan presentar.
De superar la moción, el texto irá al Senado para una primera lectura en esa Cámara y, si hay discrepancias, pasaría de nuevo a la Asamblea, donde el Ejecutivo podría servirse de nuevo de ese artículo, calificado por la oposición de antidemocrático.
Philippe señaló que el Consejo de Ministros autorizó recurrir a él este sábado.
Tras más de 115 horas de debate sobre ese proyecto de ley en las sesiones públicas, la Asamblea Nacional todavía iba por el examen del artículo 8, de un total de 65.
"Obstrucción deliberada"
"No creo que nuestra democracia pueda darse el lujo de tal espectáculo", dijo Philippe con la intención de "poner fin a este episodio de no debate" y tras denunciar "una estrategia de obstrucción deliberada por parte de una minoría".
El proyecto de reforma de las pensiones, que quiere instaurar un sistema universal de pensiones que acabe con los actuales 42 regímenes distintos, ha sido objeto de controversia, huelgas y manifestaciones desde antes de su presentación el pasado 11 de diciembre.
La última vez que se recurrió al 49.3 fue en 2016. El entonces primer ministro, Manuel Valls, lo hizo para aprobar la igualmente controvertida reforma laboral, que también provocó protestas en las calles.
