El sargento de Bolsonaro detenido en Sevilla transportó cocaína en otra misión oficial a Madrid

El día en que le apresaron con 39 kilos de cocaína en el aeropuerto de Sevilla, el 25 de junio de 2019, no era la primera vez que el sargento brasileño Manuel Silva Rodrigues viajaba a España en una misión de esas características. Era, en concreto, la segunda vez en 60 días que llegaba a España con un envío de droga oculto entre sus pertenencias.

Aquel militar era uno de los integrantes de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro en su periplo hacia la cúpula del g-20 en Japón. Viajaba en una de las aeronaves de avanzadilla de la Fuerza Aérea Brasileña. Aterrizaron todos en suelo español para repostar y completar la escala tras cruzar el Atlántico junto al mandatario brasileño, pero nunca llegó a su destino.

Al final del control, los agentes de la Guardia Civil descubrieron los fardos de esa sustancia en el interior del equipaje del joven oficial de 37 años.

Ahora se conocen nuevos datos sobre aquel episodio que los investigadores de la policía federal carioca no parecen dar todavía por cerrado. 

Un segundo viaje

Según las indagaciones que se están conociendo en Brasil, las autoridades judiciales tendrían conocimiento de que el sargento habría transportado por lo menos en otro viaje una remesa más de cocaína desde suelo brasileño a territorio nacional. Ese otro viaje ya acreditado, a tenor de las revelaciones del medio G1, se produjo tan solo dos meses antes de que el sargento brasileño fuera interceptado en Sevilla.

En aquella ocasión el vuelo le llevó en una misión oficial a Madrid. Durante el juicio que tuvo lugar el año pasado Rodrigues llegó a confesar que se aprovechó de su condición de militar para introducir la droga en suelo español.

Su objetivo era transportarla hasta un centro comercial de Sevilla, donde debía realizar la entrega del material a una persona que le estaba esperando y cuyo aspecto en teoría conocía de antemano.

Una red internacional

De este modo, investigadores de la lucha contra el narcotráfico apuntan que ese hombre podría pertenecer a una red internacional de tráfico de drogas que utilizaban los aviones de la Fuerza Aérea de Brasil para sus propósitos. Ya la semana pasada la Policía Federal de ese país informó de las pesquisas en marcha en la que se encuentran inmersos, y con la que pretenden desenmascarar el entramado.

El alijo intervenido al sargento y localizado por la Guardia Civil. Guardia Civil

El operativo fue bautizado con el nombre de Operación Quinta Columna. En él los investigadores no solo pretenden indagar en el uso de esos aviones oficiales, sino también localizar el método con el cual la organización estaría lavando ese dinero procedente del mundo del narcotráfico.

Por eso, una vez concretadas las pesquisas, se han elevado 15 órdenes de detención hacia los sospechosos de integrar la banda. A su vez, hace unos días, la Justicia Federal determinó la incautación de las viviendas y los vehículos que figuraban a nombre de aquellos que integrarían la banda. 

Las investigaciones de la Policía Federal precisaban que además del sargento ya condenado y cumpliendo condena en Sevilla, "otras personas se asociaron al militar, de forma estable y permanente para la práctica del crimen de tráfico ilícito de drogas, con elementos presentados a la Justicia que indican que por lo menos hubo otra remesa más de drogas a España".

Prisión en España

El sargento Silva ya cumple su pena en prisión pese a que había solicitado ser extraditado a su país para completar allí su estancia en la cárcel. Su abogado exigió a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla su extradición a Brasil para cumplir allí su condena, pero esa petición le fue denegada. 

La Audiencia optó por aplicar el artículo 89 del Código Penal. Este establece que en las condenas por delitos de gravedad como el que cometió el sargento, el tribunal puede acordar que la pena se cumpla íntegra en las prisiones del país.

La medida, según la sala perseguía el objetivo de "asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito".