Buenos Aires
El Gobierno argentino del presidente liberal Mauricio Macri afronta su primer gran varapalo político en los ochos meses que lleva en el poder: la Corte Suprema de Justicia ha anulado este jueves el controvertido tarifazo en las facturas de gas.
La subida del precio del fluido había sido decretada por la Casa Rosada en marzo y promediaba un 700%. Pero en casos puntuales trepó hasta más del 1.000%, por lo que desató una ola de amparos judiciales y protestas en las calles.
Sin embargo, ahora los jueces supremos, por unanimidad, han confirmado la nulidad del incremento para los usuarios residenciales, que en un fallo anterior (de julio) había resuelto un tribunal de la provincia de Buenos Aires.
   
"El Estado debe actuar con una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad", esgrimieron.
   
Al revisar la decisión del tribunal bonaerense, que el Gobierno recurrió ante el Supremo, han dictaminado que "las tarifas deben retrotraerse" a los valores anteriores al aumento, es decir a las facturas de febrero último.
Además, los magistrados esgrimieron que el Gobierno de Macri "no cumplió" antes de la subida "con la obligación de llevar a cabo audiencias públicas", dispuesta por "imperativo de la Constitución" para garantizar la "participación ciudadana".
Ese paso el Gobierno centroderechista se lo había saltado a la hora de subir los servicios públicos. Las subidas de las facturas, además del gas, van desde 66% en metro; 100% en buses y trenes; 180% en telefonía; 375% en agua; y hasta 800% en electricidad.
    
Los usuarios domiciliarios que hubieren pagado la tarifa dejada sin efecto tendrán derecho a la devolución de la diferencia monetaria. Y serán las empresas distribuidoras las que deberán acordar la forma del reintegro.
   
De todos modos, la supresión benefició únicamente a los consumidores individuales, que representan el 26% de la facturación. Para el resto de los usuarios -74%, pymes, industrias y comercios- sí quedó firme el tarifazo.
El criterio de los jueces de la Corte ha sido que las empresas y tiendas no forman parte de los "sectores vulnerables" de la sociedad dado que pueden trasladar el incremento de sus costos en la cadena de consumo.
El polémico tarifazo, pese a que es un tema eminentemente político, ha quedado atrapado en una suerte de laberinto judicial y mantiene en vilo a todos los argentinos, ya que en algunos casos afrontan facturas astronómicas.
Las tarifas estuvieron subsidiadas por el Estado para todos los habitantes de Buenos Aires durante los últimos 12 años de Gobiernos peronistas del matrimonio Kirchner, que pregonaban esa política como de "inclusión social".
Así, por ejemplo, un apartamento pequeño en la capital argentina pagaba apenas 35 pesos (2 euros) de electricidad, menos de lo que se abona por un café en el bar. O un billete de autobús sale a partir de 3 pesos (0,17 céntimos de euro).
Por ello Macri había dicho que los servicios "eran gratis" por los subsidios durante el kirchnerismo. Y admitió que el "ordenamiento a veces duele", a la vez que recomendó a la gente abrigarse dentro de sus casas en vez de usar la calefacción.
   
El ajuste en las facturas, según el Gobierno, busca reducir los 70.000 millones de euros en subsidios al gas y electricidad. Ello habría ocasionado un déficit fiscal, que según los cálculos oficiales, ascendió a 7% en 2015. Pero la consecuencia del tarifazo ha sido la disparada de la inflación, que ya se perfila por encima del 40% anual.
El jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, anunció la tarde del jueves que "en 24 horas vamos a convocar a las audiencias públicas para poder normalizar la situación". Y no obstante, defendió la subida de tarifas y enfatizó que "sin energía Argentina no puede crecer y no hay futuro".

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