La sede de la Organización de los Estados Americanos en Managua, confiscada por las autoridades.
Nicaragua vuelve a los 80: Ortega expolia las casas de sus opositores y las reparte entre funcionarios
La confiscación de inmuebles fue una práctica común en los inicios del régimen, y ahora el régimen la está aplicando también en edificios públicos.
27 septiembre, 2023 03:41En lo que va de año, más de 300 nicaragüenses han sido declarados traidores por el Gobierno de Daniel Ortega. El castigo para estos judas consistía hasta hace poco en despojarlos de su ciudadanía, pero los últimos meses el régimen ha desempolvado una práctica de los primeros días tras el triunfo de la revolución: expropiar las casas donde vive el enemigo. Con una pegatina de "Propiedad del Estado de Nicaragua", en los últimos meses se ha notificado el expolio de decenas de viviendas del país centroamericano. Entre los objetivos ha habido periodistas, activistas y personalidades como la escritora Gioconda Belli, el empresario Piero Coen Ubilla o dos exministros de Exteriores.
La confiscación de inmuebles ―muchos de ellos mansiones― resuena en la memoria reciente de Nicaragua. Cuando triunfó la rebelión de julio de 1979, la guerrilla recién llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se incautó de los acervos de Anastasio Somoza García, el dictador derrocado, y toda su élite. El plan fue anunciado públicamente como una lucha del nuevo Gobierno por devolver al pueblo nicaragüense lo que el déspota les había robado durante años de dictadura.
Pero esta misión robinhoodesca no tardó en corromperse. Durante la década de 1980, ya con Ortega al frente, el Estado sandinista se apropió de todos aquellos solares que iban quedando vacíos por el éxodo de quienes huían de la Revolución, bajo el pretexto de que eran propiedad de "aliados" de la dictadura que habían "abandonado" su país. Pero los 28.000 terrenos expropiados ya no eran para el pueblo.
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En 1990, ya asentado el aparato sandinista y reducida la contrarrevolución, se demostró que aquel botín no era sino el relleno de una "piñata" que se repartiría entre Ortega y sus allegados: según The New York Times, los altos mandos del Estado se apropiaron de 6.000 de estas viviendas, y el propio presidente vive aún "en un complejo de seis dormitorios en Managua, que ocupa una manzana entera y que arrebató a un antiguo adversario".
Ahora, la acepción nicaragüense de la palabra piñata abarca mucho más: también implica la "apropiación de bienes públicos" a manos de los sandinistas. Este año, el Gobierno ha cerrado y expropiado dos universidades. En agosto, el Estado emitió una acusación contra la Universidad Centroamericana (UCA) por funcionar como un "centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales". Además de poner fin a la institución ―jesuita, devota de San Ignacio de Loyola―, se disolvió la actividad de la Compañía de Jesús en todo Nicaragua y se decomisaron sus bienes.
Antes y después de la Universidad Centroamericana, ahora dedicada a Casimiro Sotelo Montenegro.
En su lugar, se ha abierto la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, ligada al Ejército y en la que tienen prohibido matricularse los estudiantes de la extinta UCA. El caso promete ser similar en la escuela de negocios INCAE, cerrada y tomada por el Estado. Varios alumnos han explicado al medio Divergentes que las diferencias en la enseñanza son notables en las nuevas 'universidades confiscadas', y además de recibir una educación de peor calidad conviven con la presencia de paramilitares en los campuses.
La confiscación de bienes públicos no se limita a la universidad. El año pasado, el Gobierno de Ortega se incautó de la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, que según Efe era propiedad de la esposa de un periodista cubano. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, informó en su momento que las instalaciones serían declaradas de "utilidad pública", y se crearía un Museo de la Infamia en aquellas "oficinas de la deplorable y despreciable OEA", según había explicado la Procuraduría General de la República.
La sede del periódico 'La Prensa', confiscado por el Gobierno de Nicaragua.
Más tarde, se anunció que el edificio de la OEA albergaría en su lugar la Casa de la Soberanía Padre Miguel D'Escoto Brockmann. La presidenta del Consejo Nacional de Universidades del régimen, Ramona Rodríguez, declaró al periódico local Confidencial que el centro "funcionará donde estuvo localizada la sede del nefasto ministerio de colonias, antro de maquinación y acciones de lesa dignidad y de traición a las patrias. Esa vil dependencia del Departamento de Estado del imperialismo norteamericano, conocida como OEA, destinada a justificar invasiones, ocupaciones, golpes de Estado y atentados permanentes contra nuestras soberanías, fue expulsada de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre el 24 de abril del 2022".
Otros grandes afectados de las expropiaciones de Ortega han sido los medios de comunicación ―en un lapso de un mes, el régimen confiscó la emisora feminista Radio Vos y el periódico La Prensa― y los cultos religiosos. Pese a ser una nación que se proclama cristiana, la Nicaragua sandinista ha cerrado organizaciones religiosas más allá de la Compañía de Jesús ―vinculada a la UCA―. En mayo, se confiscaaron ocho propiedades de la Iglesia para desarrollar en sus espacios dos programas de viviendas populares y de protección. En julio, se prohibió la congregación de la asociación Casa Ave María.
