Elon Musk con una camiseta de DOGE Reuters
Un juez federal bloquea el desmantelamiento de la USAID, una de las medidas estrella de Musk, y pide la vuelta a su sede
La decisión del juez Chuang es un nuevo golpe a la política de Trump después de que tuviera que reincorporar a miles de trabajadores despedidos.
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Un juez federal en Maryland emitió este martes una orden judicial para bloquear a Elon Musk y al Servicio DOGE de Estados Unidos tomar más medidas para desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y ordenó que la agencia vuelva a ocupar su sede dentro del edificio Ronald Reagan en Washington.
La decisión del juez federal de distrito Theodore D. Chuang en el tribunal federal de Maryland marca otro golpe a los esfuerzos de la administración Trump por reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal, después de que otros tribunales federales ordenaran reincorporar a miles de trabajadores federales despedidos.
La demanda fue interpuesta por el Fondo Estatal para la Defensa de la Democracia en nombre de más de dos docenas de trabajadores de USAID. Estos alegan que Musk ha asumido una autoridad sobre las agencias federales que, según la Constitución, solo podría ser ejercida por alguien nominado por el presidente y confirmado por el Senado como "Funcionario de los Estados Unidos".
Como parte de un "patrón predecible e imprudente de tala y quema", Musk y su equipo en DOGE intentaron obtener acceso a los principales sistemas operativos del gobierno, lo cual está prohibido por protección de datos para las personas que no tienen autorización para hacerlo, dice la denuncia.
Los denunciantes aseguran que si hay algún tipo de resistencia por parte de los trabajadores, "los miembros de DOGE recurren a amenazas que luego son amplificadas por Musk en X". Los empleados de la agencia, según narra la denuncia, trabajan para que los que se resisten terminen despedidos o desplazados a otros puestos dentro de la Administración.
"Como asesor principal, el Sr. Musk no tiene mayor autoridad que otros asesores principales de la Casa Blanca", argumenta el Departamento de Justicia en un expediente judicial, "y, al igual que ellos, no tiene autoridad real ni formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo; solo puede asesorar al presidente y comunicar sus directivas".
