
Fotografía que muestra a guardias en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) transfiriendo a supuestos miembros del Tren de Aragua, en San Luis Talpa, El Salvador. Reuters
Trump pide al Supremo que levante el bloqueo de un juez federal a las deportaciones de venezolanos a El Salvador
La Casa Blanca argumenta que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
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El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió este viernes al Tribunal Supremo que levante la orden de un juez federal que le impide usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que fue invocada por el mandatario con el fin de acelerar las deportaciones contra miembros de la banda transnacional Tren de Aragua.
Los abogados de la Casa Blanca presentaron este viernes un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial para solicitar que se levante el bloqueo impuesto por el juez James Boasberg a la invocación de dicha norma a mediados de marzo.
El Departamento de Justicia declaró este viernes que este caso plantea la cuestión de quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional: el presidente o el poder judicial. "La Constitución ofrece una respuesta clara: el presidente", subrayó el departamento. "La república no puede permitirse otra opción".
El Tribunal de Apelaciones de Washington D.C. confirmó este miércoles la suspensión temporal del juez mientras continúa el proceso. La disputa ha suscitado quejas de Trump ante los tribunales federales, que han emitido decenas de fallos que obstaculizan parte de su agenda.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, que surgió en cárceles venezolanas.
La centenaria ley establece que el presidente puede, tras una proclamación pública, detener, restringir y expulsar a ciudadanos de un país extranjero que participe en una "guerra declarada" o una "invasión o incursión depredadora" contra Estados Unidos.
Un día después de que Trump invocara la ley, el juez James Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Sin embargo, los aviones aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes. Incluso el presidente estadounidense sugirió llevar a un juicio político al juez Boasberg.