El plan del Gobierno de Theresa May de revisar los antecedentes penales de todos los ciudadanos europeos que quieran quedarse en Reino Unido tras el brexit ha emergido como un nuevo escollo en las conversaciones de divorcio entre Bruselas y Londres. La medida afectaría a los alrededor de 3,3 millones de comunitarios que actualmente residen en territorio británico, entre ellos más de 100.000 españoles. La Eurocámara ha pedido este martes oficialmente a May que abandone esta propuesta por considerar que atenta contra el derecho fundamental a la privacidad.
"Queremos que se retiren de la mesa de negociaciones las propuestas intrusivas en la privacidad de las personas, por ejemplo los controles sistemáticos de antecedentes que se han propuesto", han reclamado los principales grupos políticos de la Eurocámara en un comunicado conjunto. Lo han hecho tras reunirse con el negociador de la UE para el brexit, Michel Barnier, que les ha informado de los resultados de la segunda ronda de conversaciones de divorcio que se celebró la semana pasada.
Fue precisamente en esta segunda ronda cuando el equipo de negociación británico, capitaneado por el ministro David Davis, presentó a la UE su plan de verificar de forma sistemática el historial de los europeos que soliciten el estatuto de "asentados en Reino Unido" tras el brexit. Londres se reserva el derecho de expulsar a los ciudadanos con antecedentes amparándose en motivos de seguridad, orden público o salud pública.
El Gobierno de May sostiene que los controles son necesarios para evaluar la conducta y el historial de los ciudadanos que quieran quedarse y decidir si cumplen los criterios. Sin embargo, ya el propio Barnier comunicó la semana pasada a los británicos su rechazo a esta medida. La posición de la UE es que la revisión de antecedentes penales no puede hacerse de forma sistemática.
En contra de una reducción de derechos
Por lo demás, la Eurocámara insiste en que vigilará que el acuerdo de divorcio entre Bruselas y Londres salvaguarde en primer lugar los derechos de los ciudadanos. "Es una misión central del proyecto europeo proteger, y no reducir, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", dice el comunicado conjunto, encabezado por el portavoz del Parlamento Europeo para el brexit, el liberal belga Guy Verhofstadt.
En particular, los eurodiputados piden que se mantengan derechos como la reunificación familiar, la atención sanitaria, el derecho de voto en las elecciones municipales o la portabilidad de los derechos sociales. Y reclaman que se reduzca al máximo la burocracia para los que desean quedarse. El garante de que estos derechos se respeten debe ser el Tribunal de Justicia de la UE, algo a lo que Reino Unido se opone.
En su comunicado, el Parlamento mete prisa al Gobierno de May para avanzar de forma simultánea en los tres temas que comprende el acuerdo de divorcio: no sólo los derechos de los ciudadanos, sino también la factura de salida y la frontera con Irlanda.
"Si queremos que las negociaciones tengan éxito en el tiempo limitado que tenemos, debemos avanzar más tarde que temprano en el contenido detallado", avisan los eurodiputados. Sin progresos suficientes sobre la separación, la Eurocámara no autorizará las conversaciones sobre las relaciones futuras entre Bruselas y Londres.