La UE renueva la licencia del polémico glifosato hasta 2022

Al enésimo intento hubo fumata blanca gracias al voto decisivo de Alemania. Los países de la Unión Europea han aprobado este lunes por mayoría cualificada prorrogar cinco años, hasta 2022, la licencia del polémico herbicida glifosato, cuestionado por los ecologistas por su posible impacto en la salud y el medioambiente. Y lo han hecho prácticamente en tiempo de descuento: la licencia actual caduca el 15 de diciembre.

Un total de 18 Estados miembros han votado a favor de ampliar la licencia: España, Bulgaria, Alemania, República Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. Otros 9 se han manifestado en contra (Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria) y sólo 1 se ha abstenido (Portugal). Es la primera vez que los países de la UE logran una mayoría favorable a prorrogar el glifosato.

En la anterior votación, celebrada el 9 de noviembre, no hubo apoyos suficientes para sacar adelante ninguna decisión. Este lunes, la prórroga ha sido posible porque cuatro países han pasado de la abstención al sí: Alemania, Bulgaria, Polonia y Rumanía. Bruselas había planteado una prórroga de cinco años -en lugar de los 15 habituales- en un intento de lograr apoyos suficientes.

"La votación de hoy demuestra que, cuando todos queremos, somos capaces de compartir y aceptar nuestra responsabilidad colectiva en la toma de decisiones", se ha felicitado el comisario de Sanidad, Vytenis Andriukaitis. La Comisión temía que los Gobiernos nacionales le pasarán la patata caliente para no tener que asumir el coste político de la prórroga. Según las reglas de la UE, si no hay mayorías suficientes ni a favor ni en contra, Bruselas tiene la última palabra.

Protección de la salud y el medioambiente

"La propuesta aprobada hoy goza del apoyo más amplio posible entre los Estados miembros y garantiza un alto nivel de protección de la salud humana y del medioambiente en línea con la legislación de la UE", sostiene el Ejecutivo comunitario.

La ampliación de la licencia ha sido recibida con consternación por las organizaciones ecologistas. "Las personas que tienen que protegernos de pesticidas peligrosos no han hecho su trabajo y han traicionado la confianza que los europeos han situado en ellos. La Comisión y la mayoría de Gobiernos han escogido ignorar los avisos de científicos independientes", ha criticado Greenpeace en un comunicado.

El glifosato, cuyo principal fabricante es la multinacional estadounidense Monsanto, es el herbicida más usado del mundo. Pero en los últimos meses ha saltado desde el ámbito científico y el trabajo de los agricultores al debate político de máximo nivel debido a una serie de dictámenes científicos contradictorios y a la oposición a los transgénicos que produce también Monsanto.

En marzo de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como "probablemente carcinógeno" para las personas. Un dictamen que hizo saltar todas las alarmas sobre todo porque este herbicida está tan extendido que sus residuos se han encontrado en el 45% de la capa vegetal de Europa y en la orina de tres de cada cuatro alemanes a los que se ha analizado.

Sin embargo, dos dictámenes científicos posteriores de la UE (de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y de la Agencia de Productos Químicos) han concluido que no es una sustancia cancerígena. En estas opiniones se basa el misterio de Agricultura español para apoyar la renovación de la licencia. Por su parte, la Eurocámara había pedido la retirada progresiva del glifosato en un plazo de cinco años. Una iniciativa popular contra el glifosato ha reunido más de un millón de firmas.

La prohibición de esta sustancia provocaría pérdidas por valor de 2.124 millones de euros a la agricultura española y una destrucción de casi 5.000 empleos, según un estudio elaborado por PwC. La producción por hectárea disminuiría en un 10% en promedio para el conjunto de cultivos, aumentaría la carga de trabajo para los agricultores y también los costes.