Bruselas activa la 'opción nuclear' contra Polonia: plantea suspender su voto

Bruselas considera que la supervivencia del Estado de derecho está en grave riesgo en Polonia. Las reformas judiciales aprobadas por el Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia socavan la independencia de los jueces y amenazan la división de poderes. Tras dos años de negociaciones infructuosas, la Comisión Europea ha dado este miércoles un paso sin precedentes. Por primera vez en la historia, activa la denominada 'opción nuclear', el artículo 7 del Tratado, que podría acabar con la suspensión del derecho de voto de Varsovia en la Unión Europea.

La decisión del Ejecutivo comunitario sobre Polonia abre un nuevo foco de crisis en la UE y agrava la división entre los países del Este y del Oeste que provocaron las cuotas de refugiados. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, también en el punto de mira de Bruselas por poner en riesgo el Estado de derecho, ha dejado claro que votará en contra de cualquier sanción a Varsovia.

"Es con gran pesar que hemos decidido iniciar el artículo 7.1, pero los hechos no nos dejan otra opción", ha lamentado el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans. "Hacemos esto por Polonia, por los ciudadanos polacos. Creo que todos los ciudadanos de un país de la UE tienen derecho a una justicia independiente", se ha justificado. 

A raíz de las reformas judiciales aprobadas por el Gobierno de Ley y Justicia desde su llegada al poder (un total de 13 leyes en dos años), "el aparato judicial del país se encuentra en estos momentos bajo el control político de la mayoría en el poder", sostiene el dictamen aprobado por Bruselas. La falta de independencia judicial en Polonia "plantea importantes cuestiones en cuanto a la aplicación del derecho de la Unión, desde la protección de las inversiones hasta el reconocimiento mutuo de las sentencias en dominios tan diferentes como la custodia de los hijos o la ejecución de euroórdenes".

Diálogo imposible

Antes de avanzar en la 'opción nuclear', la Comisión le al Gobierno de Ley y Justicia -controlado en la sombra por el presidente del partido Jaroslaw Kaczynski- una última oportunidad. Un plazo máximo de tres meses para que rectifique y anule las leyes que socavan la independencia judicial. Si lo hace, Bruselas estaría dispuesta a archivar el caso.

Algo que ahora parece improbable. Varsovia alega que las reformas son necesarias para acabar con la corrupción y purgar los restos comunistas que a su juicio aún quedan en el aparto judicial. En los últimos dos años, el Ejecutivo comunitario ha intercambiado más de 25 cartas con las autoridades polacas sobre estas cuestiones. También ha mantenido innumerables reuniones a nivel técnico y político, en Bruselas y en Varsovia, sin resultados.

No obstante, el nuevo primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha optado este miércoles por un tono conciliador y ha sugerido que los contactos con Bruselas podrían reanudarse en enero. "Polonia cree tanto en el Estado de derecho como el resto de la UE. La actual reforma judicial es muy necesaria. El diálogo entre la Comisión y Varsovia debe ser abierto y honesto. Creo que la soberanía de Polonia y la idea de una Europa Unida pueden reconciliarse", ha escrito en su cuenta de Twitter. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, le ha invitado a Bruselas el 9 de enero.

Si Polonia no da marcha atrás, la pelota pasará al campo del resto de países miembros de la UE. Éstos deberán aprobar por una mayoría de cuatro quintos (es decir, 22 de los 27 Estados miembros) un dictamen en el que constatan que "existe un riesgo claro de vulneración del Estado de derecho". Una decisión que no plantea problemas por un gran número de Gobiernos comparten la inquietud de Bruselas sobre la deriva autoritaria del Gobierno polaco.

Para pasar al capítulo de sanciones (artículo 7.2), a la suspensión del voto de Varsovia en la UE, sí se necesitará el apoyo unánime del resto de socios europeos. Y es en este punto en el que Hungría anuncia ya su veto. Nada más conocerse la decisión de Bruselas, el viceprimer ministro húngaro, Zsolt Semjén, ha dicho que se trata de una medida inaceptable que vulnera la soberanía de Polonia.

Un poder judicial sometido

La Comisión considera que las 13 leyes de reforma judicial aprobadas por Polonia en los últimos dos años -las últimas, la semana pasada- tienen un denominador común. Permiten de forma sistemática al poder ejecutivo y al legislativo inmiscuirse políticamente en la composición, las competencias, la gestión y el funcionamiento del poder judicial. Desde las primeras instancias judiciales hasta el Tribunal Constitucional.

La independencia y la legitimidad del Tribunal Constitucional se ha visto seriamente socavada al alterarse de forma ilegal el procedimiento de nombramiento de sus jueces. Tres jueces que fueron designados siguiendo los procedimientos legales no han podido tomar posesión, mientras que otros tres que no tienen mandato legal sí participan en las decisiones. El resultado, según Bruselas, es que ya no puede garantizarse la constitucionalidad de la legislación nacional ni verificar la validez de los resultados electorales.

Las reformas aprobadas la semana pasada obligarán a la jubilación forzosa de casi el 40% de los jueces del Tribunal Supremo. El presidente de la República gozará de poderes discrecionales para prolongar el mandato de los jueces que desee. Y todos los nuevos jueces del Tribunal Supremo serán nombrados por el presidente tras la recomendación del Consejo Nacional del Poder Judicial, cuyos miembros serán designados a partir de ahora por el Parlamento Polaco, en lugar de por otros jueces como exigen los estándares europeos.

Los tribunales ordinarios también están afectados porque muchos jueces deberán retirarse tras rebajarse su edad de jubilación. También en este caso, los mandatos pueden prolongarse a discreción del ministro de Justicia. El ministro de Justicia tiene también el poder de nombrar y despedir a todos los presidentes de tribunal, sin criterios concretos ni obligación de justificar su decisión ni revisión judicial. 24 presidentes de tribunal ya han sido despedidos y otros 32 nombrados según el nuevo régimen hasta ahora.